Las monjas acusan a la delegación de Iceta de “irrumpir de forma no autorizada” en el monasterio

Las monjas del monasterio de Santa Clara de Belorado volvieron a arremeter contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y acusaron a la delegación enviada ayer por el Comisario Pontificio de “irrumpir de forma no autorizada” en el monasterio y “exigir” las llaves y la documentación del mismo “a viva voz, sin documento alguno que lo avale”.

Asimismo, señalaron al arzobispo de “usurpar su representación legal accediendo a la administración de las propiedades y el control de las cuentas bancarias”, a las que dejaron de tener acceso el pasado 4 de junio.

En un comunicado emitido a través de sus redes sociales que recoge Ical, las monjas de Belorado señalan que una delegación formada por la secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, sor Carmen Ruiz, el apoderado del Comisario Pontificio, Rodrigo Sáiz y el notario del Tribunal Eclesiástico, Carlos Azcona, se personó en el monasterio “para exigir la entrega de las llaves y la documentación del monasterio, incluyendo hasta las nóminas”, así como para citarlas a declarar ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos, para defenderse “por un delito de cisma, con amenaza de excomunión en caso de no acudir al mismo”.

“Aprovechando una visita autorizada recibida en el locutorio, han irrumpido en el mismo de forma no autorizada el secretario de Mario Iceta, la secretaria Federal, y el apoderado de don Mario”, continúan las monjas en el escrito. “Exigían llaves y documentación del monasterio, y que la secretaria Federal pudiese entrar en el mismo, todo ello de viva voz, sin documento alguno que lo avale”, añaden.

Asimismo, indican que durante esta visita ofrecieron una ayuda económica “puesto que han usurpado la titularidad de las cuentas corrientes, dejándonos sin acceso a los fondos obtenidos con nuestro trabajo, y donados por nuestros benefactores”.

“Previa a la entrada al locutorio, ya habían sobrepasado la prohibición de entrar en propiedad privada que figura a la entrada del perímetro del monasterio”, afirman las clarisas, que publican también una imagen en la que se puede ver el cartel de ‘Propiedad privada. Prohibido el paso’ que hay a la entrada del monasterio. Señalan así que ante tales hechos “se conminó a los visitantes inesperados a abandonar las dependencias”, y añaden que en el caso del apoderado del Comisario Pontificio “fue necesaria la presencia de la Guardia Civil para conseguirlo”.

“Realmente nos resulta difícil calificar todos estos hechos como signos de paciencia y diálogo”, concluyen las monjas en el escrito, al que acompañan con una imagen del decreto del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos donde se les cita a comparecer ante este tribunal, en un plazo de diez días naturales a partir de la recepción de este decreto.