Iceta activa el desahucio de las exmonjas de Belorado
El arzobispo de Burgos y comisario pontificio acude al juzgado para que las religiosas cismáticas «abandonen el monasterio». La Iglesia se ampara en la «parábola del hijo pródigo» para acoger con «delicadeza y misericordia» a las arrepentidas
El desahucio de las exmonjas de Belorado, todavía atrincheradas en el monasterio de Santa Clara, parece estar cada vez más cerca. Este mismo lunes, el arzobispo de Burgos y comisario pontificio, Mario Iceta, ha presentado una demanda en el Juzgado de Briviesca para que las religiosas rebeldes «abandonen el monasterio» de una vez por todas.
Más allá de la firme intención de expulsar a las exmonjas atrincheradas, la Comisión Gestora manifiesta a través de un comunicado su «preocupación por el estado de salud y el cuidado de las cinco hermanas mayores que conforman la comunidad monástica». De hecho, llega a ofrecer la «colaboración» de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu y de sus familiares para «atender cuanto antes todas las necesidades que precisen».
Del mismo modo, la Iglesia reitera su «disposición a ayudar en el camino del retorno a la comunión eclesial» a todas aquellas exmonjas que se arrepientan del camino tomado tras el cisma liderado por la entonces abadesa, Laura García de Viedma, en connivencia con el falso obispo Pablo de Rojas y su segundo de abordo, José Ceacero.
Para que las ovejas descarriadas vuelvan al redil, tal y como se recoge en la «parábola del hijo pródigo», la Iglesia asegura públicamente que las exmonjas que deseen retornar serán «acogidas con delicadeza y misericordia».
Por otro lado, la Archidiócesis de Burgos señala que, el pasado 13 de mayo, la exabadesa «difundió un documento, en nombre de la comunidad, en el que manifestaba su libre voluntad de abandonar la Iglesia Católica». A raíz de aquello, y agotados los recursos que «invitaban a reconocer su salida», se declaró la excomunión de las diez hermanas que secundaban el cisma. Así pues, a partir de ese momento «carecían de título legal para habitar los inmuebles pertenecientes a los monasterios que ocupaban».
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Tras un «periodo prudencial de espera», y dado que «no ha habido ningún intento de reconsideración», los servicios jurídicos de la Iglesia han procedido a interponer la demanda. Durante este tiempo, aseguran desde la Archidiócesis, «se ha tenido conocimiento de la denegación de la inscripción en el oportuno registro del Ministerio del Interior de las asociaciones que las exreligiosas habían creado con las que pretendían transformar las entidades jurídicas canónicas de los monasterios en asociaciones civiles, algo que es jurídicamente inviable».