La Diputación plantea un presupuesto "histórico" de 165 millones por el disparado coste de la vida

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, ha esbozado las líneas generales de las cuentas de la institución para 2025. Será el que viene, a su juicio, un presupuesto "histórico" casi por necesidad, planteado para afrontar los también extraordinarios gastos derivados del disparado coste de la vida, en su caso de los servicios que gestiona. 

Así, el 20% de los 165 millones de euros que manejará esta administración el próximo ejercicio se destinará precisamente a pagos corrientes, capítulo que crece un 14% respecto al presente año, cuando cabe recordar que ya se elevó un 10%. Restaba así importancia Suárez al aumento de los ingresos fruto de la participación de los tributos del Gobierno central -al que tanta relevancia da el PSOE siempre que tiene ocasión- pues, destacó, apenas sirve para compensar los estragos de la inflación.

Las inversiones suponen un 11,2% del total y crecerán un 2%, enfocadas en mantener la senda iniciada al comienzo del mandato con el patrimonio, la mejora de las carreteras y del ciclo integral del agua y el apoyo a los ayuntamientos como prioridades. Por su parte, el capítulo de Personal copa el 28% del gasto, un 2% más que en 2024. 

Aumentan también las transferencias corrientes previstas, un 16,5% más, a causa de las líneas de ayudas a entidades locales menores. Cae, sin embargo, la cuantía reservada a planes provinciales al instaurarse el año pasado una periodicidad bienal, lo que provocó que el grueso se incorporara a las cuentas de 2024. Esta partida volverá a 'engordar', por tanto, en 2026.

La comparativa con el presupuesto en vigor -que también se presentó como de récord- arroja un incremento próximo al 3%, concentrado como se indicaba en gastos cotidianos, pues hasta 86 millones de los 165 contemplados se destinan a nóminas, bienes y servicios.

El dato global resulta de restar los 9,6 millones de transferencias internas a la suma de 163,5 del presupuesto específico de la Diputación, los 4,8 millones del Instituto de Deporte y Juventud y los 6,2 de Sodebur. 

Más allá de las cifras, no obstante, Borja Suárez quiso incidir en las principales características 'formales' de un proyecto que, "pese a contar con mayoría absoluta para aprobarlo en solitario, queremos que sea conjunto". Así, destacó en primer lugar la solvencia que evidencian las cuentas, al reducirse la deuda a un 15%. "Es casi nula. Gastamos lo que ingresamos, no generamos déficit y somos una administración sostenible. Es necesario reivindicarlo", presumía, para pronosticar que se cumplirá holgadamente con el objetivo de acabar el mandato por debajo del 40%.

Especial hincapié hizo además el presidente de la Diputación en los cambios "en la manera de ejecutar el presupuesto" que afectarán a las convocatorias de ayudas y su tramitación, así como a los planes de empleo. Sobre las primeras, anunciaba que las bases de todas las subvenciones a repartir en 2025 se publicarán antes de que finalice 2024. "Este es un esfuerzo mayúsculo para los departamentos con el objetivo de ganar tiempo para que la ejecución de esas ayudas se haga en tiempo y forma y, sobre todo, con más margen para que los ayuntamientos puedan contratarlas y ejecutarlas", precisaba, para añadir que también "se estudia la posibilidad" de que las convocatorias vinculadas a patrimonio y al ciclo integral del agua sean abiertas.

Consideraba en este último caso que las necesidades suelen tener carácter de urgencia sobrevenida, por lo que carece de sentido acotar la petición de apoyo económico a un plazo concreto. Se trata, en definitiva, de "dar facilidades", apuntó.

También se replantea la Diputación el modelo actual "ya agotado" de los planes de empleo ordinarios, cuya dotación pasará de sufragar el coste directo de personal que en ocasiones es difícil encontrar a fomentar la contratación de servicios de proximidad.

Otro de los 'rasgos' de las cuentas presentadas es el refuerzo del apoyo a las entidades locales menores, cuyas ayudas son de carácter anual y sí se beneficiarán de la petición de todos los grupos provinciales de incrementar su montante, que llegará a 6,9 millones, y el mantenimiento de la Junta de Castilla y León como especial colaborador para el desarrollo de iniciativas en la provincia mediante los distintos convenios en marcha, que darán nuevos frutos el año que viene en ámbitos tan relevantes como vivienda, industria y reto demográfico.

Fuentes Blancas

Propiedad de la Diputación, el complejo de Fuentes Blancas también se llevará un buen pellizco. Será 2025, de hecho, el año en el que empiece a materializarse su renovación gracias a «dos inversiones fundamentales». Se destinará 5 millones a reurbanizar el espacio para generar zonas de esparcimiento acordes al nuevo modelo de atención residencial, complementadas con mejoras de la eficiencia energética que permitan abaratar el coste de los servicios que allí se prestan. Comenzarán también el año que viene las obras de nuevo gran recinto deportivo pensado para albergar eventos con hasta 2.000 asistentes. Costará 4,7 millones.

Ayuda a domicilio

Por áreas, Servicios Sociales se lleva la palma como es tradición y «protagoniza el mayor esfuerzo económico» de la Diputación al ser «el principal elemento de gestión». El mantenimiento de las residencias, los distintos programas desarrollados por esta sección reclaman un importante volumen de recursos. Se refirió Suárez como ejemplo a la ayuda a domicilio, cuyo coste se elevaba «a causa de las conquistas laborales de su plantilla, con las que estamos de acuerdo». Para afrontar este encarecimiento, la institución provincial aportará 200.000 euros más el próximo año, lejos de los 800.000 que exige el PSOE para acabar con la notable lista de espera acumulada. El presidente lo reconocía, pero defendía la decisión al entender que «no podemos asumir el incremento solo nosotros». Instaba así a mover ficha al Gobierno central, la Junta de Castilla y León y proponía repercutir una parte en las entidades locales y en los usuarios.

Valoraba, pues, Suárez, que comparecía ante los medios de comunicación acompañado por los diputados Jorge Castro, responsable de Hacienda, Ramiro Ibáñez, vicepresidente, e Inmaculada Sierra, portavoz, el presupuesto de 2025 como «ejecutable y realista» y confiaba en superar las barreras ideológicas con la oposición para alcanzar un gran acuerdo en beneficio de la provincia.

Reclamaba, de paso, esa misma disposición a los procuradores del PSOE y VOX en la Junta de Castilla y León para aprobar unas cuentas regionales que aprovechó a defender por ser «buenas y vitales para Burgos».