Los propietarios de El Ventorro exigen el derribo de la depuradora

LORETO VELÁZQUEZ / Aranda

Con dos sentencias judiciales firmes del Tribunal Supremo, la propiedad del Ventorro insiste y exige que se derribe la depuradora dentro del plazo fijado que expira el 1 de julio de 2013. Por ello y según explica el abogado Alejandro Suárez, presentaron el pasado mes de julio, dos recursos ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, al entender que no se puede comenzar a valorar las indemnizaciones porque parece que se da por hecho que no se va a cumplir la sentencia. Por este mismo motivo, la propiedad presentó un segundo recurso contra el acuerdo de peritar la valoración (para cuya tramitación el perito pedía la cantidad anticipada de 60.000 euros). «No se puede acordar un perito cuando está recurrido», sostiene Suárez quien insiste en que nunca han querido dinero, solo justicia. «Llevamos once años con este tema y parece que el Ayuntamiento está por encima de la ley».

Distancias

En cuanto al incidente de ejecución que emprendió el Ayuntamiento arandino ante el Tribunal Supremo tras entrar en vigor la modificación de la normativa de la Junta de Castilla y León (por la que ya no es preciso mantener una distancia mínima entre la depuradora y un municipio), el abogado del Ventorro advierte de las consecuencias que puede conllevar una legislación «hecha con prisas y a la medida de un problema». «Ahora no solo, no debe guardar una distancia mínima la depuradora, también podríamos hablar de un basurero, una incineradora o incluso una central nuclear. Es una animalada», apunta.

Valoración

Por parte del Ayuntamiento de Aranda, el abogado Rafael de las Heras ha emitido un documento en el que argumenta que el recurso presentado por el restaurante contra la prueba pericial no tiene cabida ya que, fue la misma propiedad la que pidió que se valorase una posible indemnización y que es, la que debería haber presentado la prueba en las dos ocasiones que ha tenido.

En cualquier caso, el Ayuntamiento espera que la ejecución de la sentencia no se haga efectiva y se aferra a la nueva normativa para una resolución favorable del `incidente de ejecución´. «Sería ridículo tirar la depuradora si con la normativa actual se podría hacer en el mismo sitio», defiende la alcaldesa Raquel González quien explica que la resolución «puede tardar». Suarez, sin embargo, discrepa y asegura que hacerla en el mismo sitio sería ir en contra de una sentencia firme.

Así, a falta de una valoración pericial, nadie se pone de acuerdo a la hora de cuantificar los daños y perjuicios que la depuradora ha podido o no ocasionar al Ventorro.  

En este sentido, hay que recordar que la propiedad en un cálculo aproximado apuntó a 1,9 millones de euros (por el daño moral y las expectativas frustradas) mientras que el abogado del Estado redujo la cifra a la mitad al considerar que la sentencia del TSJCyL hacía referencia a la distancia entre la estación depuradora y el municipio de Villalba de Duero, y no entre la depuradora y El Ventorro.