El Juzgado exige al Ayuntamiento que cumpla la sentencia de la depuradora

LORETO VELÁZQUEZ / Aranda

Aunque todavía no es firme, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decidido desestimar el último recurso presentado por el Ayuntamiento de Aranda. En éste, y acogiéndose al cambio de reglamento de la Junta de Castilla y León (que desde 2009 no establece distancia mínima entre una depuradora de aguas residuales y un municipio), pretendía argumentar la imposibilidad de la ejecución de la sentencia.

El dictamen, fechado el 28 de febrero y notificado el 2 de marzo, no deja lugar a dudas: El Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir la sentencia y el hecho de que hasta ahora no lo haya hecho demuestra «temeridad». Por ello, el auto justifica la condena a costas. «Sin ninguna duda se deben imponer costas en este recurso de reposición, puesto que la temeridad es manifiesta por parte del Ayuntamiento, que intenta por todos los medios no ejecutar la sentencia y simplemente realiza actuaciones tendentes a alargar los trámites de ejecución sin llevar efectivamente a cabo, una ejecución eficaz», sopesa la resolución.

Y es que, según el Tribunal Superior de Justicia, el argumento esgrimido por el Ayuntamiento del cambio legislativo, es insuficiente ya que, la depuradora ni siquiera cuenta con licencia de actividad y obra, «pues fue anulada por sentencia».

Tranquila, la alcaldesa, Raquel González, asegura que el dictamen no es firme y que lo importante es que desde la resolución del 29 de diciembre, la Justicia ha abierto una puerta a la legalización. Bajo esta perspectiva, el Ayuntamiento ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se oficializará cuando se resuelva la aclaración que ha solicitado el abogado del restaurante El Ventorro, sobre la imposición o no de costas en este último recurso.

«Hay que esperar», sostiene González, quien reitera que tirar la depuradora sería «tirar el dinero».

Un argumento que comparten los alcaldes de Fuentespina, Castrillo y Villalba, que rechazan el derribo de una estación depuradora que genera más beneficios que molestias.

Pero además, los tres municipios encuentran una razón adicional: el futuro entronque de las aguas residuales, algo que Castrillo ya disfruta y que aguardan con interés Fuentespina (que ya tiene proyecto) y Villalba.

Por su parte, la propiedad del Ventorro se mantiene firme y exige la ejecución de la sentencia. De hecho, su abogado, Alejandro Suárez, recuerda que aunque exista la posibilidad de pedir daños y perjuicios, la prioridad es el derribo. Por ello, también rechaza la idea de que la depuradora se vuelva a construir en la misma ubicación al entender que sería ir en contra de una sentencia firme.