Afectados por el puente Bañuelos denunciarán al Ayuntamiento

LORETO VELÁZQUEZ / Aranda

Aunque van a dar unos días de tregua, si el Ayuntamiento de Aranda de Duero no tramita en las próximas fechas la ejecución del aval a la empresa TCM - como ha anunciado la Junta de Gobierno Local-, los 24 afectados por el retraso de la ejecución de Puente Bañuelos han acordado llevar al Ayuntamiento ante los Tribunales.

La decisión se adopta tras comprobar que la obra, que debía estar terminada ya hace más de cinco años, ha vuelto a pararse. «Desde que se reinició el pasado mes de febrero, apenas se han puesto las tuberías de aguas sucias a ambos lados de la calzada», explicaba hace unas semanas, el portavoz vecinal de la Unidad de Ejecución número 33, San Isidro 2, Luis Sanz, consciente de que el desarrollo de la infraestructura (tanto el vial como el puente), es básico para la conexión del alumbrado, gas y telecomunicaciones.

Y si a los propietarios de la Unidad de Ejecución les afecta a la hora de construir las más de 300 viviendas que tienen proyectadas, la más perjudicada, sin duda, es la familia propietaria de la finca donde transcurre el vial, que se vio obligada a permitir la demolición de su casa y de una nave que tenían en su parcela.

Con carácter «urgente»

«Nos lo tiraron con carácter urgente, nos dejaron con la mitad de la finca y de mala manera, y ahora cinco años después seguimos con el mismo problema», lamentaba el dueño, quien advierte de la inseguridad que generan los pozos ya que, los jóvenes acostumbran a saltar la valla y jugar en el terreno. «Queremos una solución y que se termine la obra de una vez», añade.

Y es que, por diferentes motivos, la obra se ha ido parando, como cuando en el año 2007 el Ayuntamiento tuvo que reiniciar todo el proceso de expropiaciones por un error de cálculo.

El proyecto se remonta ya al año 2005 cuando el Ayuntamiento (con el Partido Popular y la entonces agrupación de Tierra Comunera ocupaba el Gobierno Local) firmó un convenio con TCM por el que el Consistorio renunciaba a las cesiones obligadas en las obras de la unidad de actuación 32, de la plaza de Toros y en una zona del sector residencial de Costaján. A cambio de que la empresa construyese el puente y conectase el vial con la carretera de Sinovas.