El Ayuntamiento está dispuesto a arreglar el edificio de Santa Lucía, 7

LORETO VELÁZQUEZ / ArandaAnte la incredulidad de los inquilinos del edificio ubicado en el número 7 de la calle Santa Lucía, que llevan varios años esperando una rehabilitación que no llega, la comisión de Obras, presidida por José Ignacio Díez Arranz, analizó ayer la nueva solicitud presentada por la propiedad que pide la declaración de ruina económica inminente, que al parecer posibilita la nueva Ley de Urbanismo.A la espera de que la letrada informe, y teniendo en cuenta las últimas inspecciones técnicas que advierten del peligro que puede suponer el mal estado del edificio para los ciudadanos (con riesgo de desprendimientos), la comisión ha acordado por el momento instar a la propiedad a «poner las medidas correctoras de manera inmediata». De no llevarse a cabo, advierte, lo hará el Ayuntamiento a su costa. «El técnico determinará las medidas a adoptar para evitar desprendimientos», añade.A este respecto, hay que recordar que en su día un informe técnico ya valoró las obras en 454.149 euros.A sabiendas de que no es el primer requerimiento que se realiza y que los propietarios han hecho caso omiso en todas las ocasiones, el concejal no descarta la apertura de un nuevo expediente sancionador. Bien es verdad que las notificaciones están suponiendo un verdadero problema para un Ayuntamiento que desde el pasado mes de marzo intenta sin éxito ejecutar el procedimiento de multas coercitivas. Los inquilinos del local `Musical Alvi´ no esconden su preocupación y recuerdan que existe una sentencia judicial de 2008, que les daba la razón al negar la declaración de ruina que en su día solicitó la propiedad auspiciada por el Ayuntamiento. «¿Cómo va a ejecutar el Ayuntamiento si no hay dinero?», preguntan mientras temen que con tantas «largas» al final sí llegue la ruina.InspecciónConscientes de que el plazo para aplicar la normativa sobre Inspecciones Técnicas de Construcciones, que obliga la Junta de Castilla y León, expiró el pasado 7 de julio, el concejal de Obras trabaja ya con la asociación de constructores de Aranda y la Ribera, Asecon, y los diferentes grupos de la corporación, en la redacción de una nueva ordenanza que regule esta normativa urbanística que tiene por objetivo mantener los edificios de la ciudad en condiciones de seguridad constructiva. Su puesta en marcha además contribuirá a reactivar un sector que atraviesa un momento muy delicado y ofrecerá a los ciudadanos una tranquilidad jurídica.