El PSOE niega cualquier responsabilidad en la «expropiación» de Proincove

LORETO VELÁZQUEZ / ArandaA raíz de salir a la luz la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga al Ayuntamiento de Aranda a pagar, como medida cautelar, 4.017.000 euros a la empresa constructora Proincove S.L, por la ocupación irregular de unos terrenos ubicados junto al parque de la Huerta, en el margen derecho del río Arandilla, ha surgido una nueva brecha entre el Partido Popular y el grupo socialista a la hora de buscar  culpables de este nuevo quebranto económico que sin duda supondrá a las arcas municipales a corto y largo plazo.Y es que, nadie parece ponerse de acuerdo a la hora de depurar responsabilidades. «Se están diciendo muchas tonterías», advierte el portavoz del grupo socialista, Luis Briones, quien recuerda que su formación votó en contra de la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana, que salió adelante en abril de 1999 con los votos del PP y de Renovación Arandina Progresista (RAP). «El PSOE e IU votamos en contra», sostiene mientras recuerda que la actual alcaldesa, Raquel González, entró en ese momento tras la dimisión de una concejala cuando gobernaba Javier Arecha.Y es que, según expone Briones, el PGOU que se aprobó finalmente en el año 2000, bajo mandato socialista, fue aprobado sin convencer a nadie. De hecho, apunta, se presentaron al documento 514 alegaciones. «Fue un Plan General muy complicado y lo aprobamos aunque nadie lo quería», admite al recordar que se tramitó con los votos del PP, PSOE e IU y la abstención del RAP.Briones niega así haber sido consciente de la «expropiación» irregular de los terrenos, ahora en litigio. «Jamás hemos sabido nada de ese tema y no tenemos ninguna responsabilidad, sobre todo cuando votamos en contra de la aprobación provisional del PGOU», argumenta al asegurar que fue el Partido Popular el que siempre votó a favor y el que además ocupó los terrenos. «Solo hay que leer las actas», invita.En este sentido, el portavoz del PSOE apoya la decisión anunciada por el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Rojas, de constituir una comisión de investigación. «Hay que ver si ha sido un error o si nos la han metido doblada», subraya convencido de que la investigación será fácil. «Si quieren esclarecer el tema, yo pediría que la comisión de Urbanismo abra los cajones con luz y taquígrafos», sostiene descartando, eso sí, que haya habido mala fe.Por otro lado, el grupo socialista que votó en contra del PGOU en 1999, porque el entonces alcalde Javier Arecha, era constructor y arquitecto, considera que el concejal José Ignacio Díez Arranz, no debería seguir dirigiendo la concejalía de Urbanismo, por tener intereses profesionales y debería intercambiar responsabilidades con el concejal de Promoción y Desarrollo, Javier Rojas.