El Correo de Burgos

El Ayuntamiento estudia acudir a la Fiscalía por el caso Proincove

El letrado mayor municipal sostiene que la única defensa posible es la vía penal

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LORETO VELÁZQUEZ / ArandaTras conocer que la empresa constructora Proincove S.L., - con la que el Ayuntamiento tiene pendiente una deuda de 4 millones de euros por haber ocupado unos terrenos de su propiedad en el margen derecho del río Arandilla para acondicionar un sendero-, ha remitido al Consistorio una alegación para que se pague la deuda con los presupuestos de 2012, el Ayuntamiento estudia ya las diferentes opciones, consciente de que si el informe es favorable, el presupuesto quedaría irremediablemente comprometido.Bajo esta perspectiva, y a la espera de que la Interventora y el Secretario municipal valoren las 21 alegaciones presentadas a los presupuestos de 2012, este periódico ha podido saber que el equipo de Gobierno podría estar barajando la posibilidad de acudir a la vía penal; una opción que de admitirse a trámite, retrasaría el pago.  Es al menos la vía que aconseja el oficial Mayor que considera que la vía penal es la única defensa posible para el Consistorio en estos momentos. Con el objetivo de estudiar las diferentes opciones, el concejal Javier Rojas se reunió el lunes con representantes del despacho de abogados Garrigues y espera ahora su informe.Así, todo parece indicar que la Junta de Gobierno local, que tendrá lugar mañana jueves, comenzará a perfilar la estrategia municipal. A este respecto, se espera que el equipo de Gobierno dé a conocer si pone en marcha la comisión de investigación que hace una semana anunció el portavoz en funciones, Javier Rojas, o si decide ir más allá, y tal y como apuntan algunas voces, se opta por acudir a la Fiscalía para que se depuren responsabilidades.ResponsablesLo cierto es que pocos se ponen de acuerdo a la hora de apuntar responsables y mientras unos y otros se apresuran a asegurar que nunca tuvieron constancia de que el terreno ocupado no fuese titularidad del Ayuntamiento, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, es firme y clara.Bajo esta perspectiva, el Ayuntamiento de Aranda está obligado a pagar a la constructora 4.017.000 euros, que podrían ser más (hasta un total de seis millones de euros) si se admiten el resto de pretensiones de Proincove S.L.DineroPor el momento,  las negociaciones con la empresa no han dado los frutos deseados por el equipo de Gobierno ya que, la constructora ha descartado la propuesta municipal de cobrar la deuda a través de la permuta de solares estratégicos como los bajos del edificio de la constructora Jovilma, la Banca Pecho o los de Carrequemada y Cardenal Cisneros. «Nos han dejado claro que van a ir a por todas y que no cabe negociación», apuntaba al término de la primera reunión, el edil del Partido Popular, Javier Rojas, quien entonces advertía de que la Ley de Administración Local a lo mejor no permite un aplazamiento del pago.

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