La edil socialista Mar Chamorro lleva a la Fiscalía el caso Proincove

L. V. / Aranda

Pese a que fue el Partido Popular el que anunció el pasado 13 de noviembre, su intención de acudir a la Fiscalía para que se investigase el caso Proincove, (por el que el Ayuntamiento de Aranda tiene que pagar como medida cautelar, cuatro millones de euros a la constructora, por haber ocupado unos terrenos de su propiedad en el margen derecho del rio Arandilla), al entender que había indicios «que sugieren la conveniencia de investigar» al constatar que la socialista Mar Chamorro trabaja para la empresa interesada y que su marido, el abogado que representa a la constructora, compartía despacho con el entonces alcalde, Luis Briones; finalmente ha sido la concejala socialista afectada, Mar Chamorro, la que ha tomado la iniciativa y ha presentado todo el expediente.

«No voy a permitir que se ensucie ni mi nombre ni el de mis compañeros ni el de la propia institución, porque están haciendo también daño al Ayuntamiento», argumenta Chamorro quien reprocha al PP haber dado la rueda de prensa, a bombo y platillo, sin haber llevado primero el asunto a la Fiscalía. «Es un acusación muy grave y desde luego está infundada», advierte convencida de que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio.

Así, en el escrito presentado ante la Fiscalía, Chamorro desea dar «absoluta transparencia» y dejar clara su «intachable conducta», que siempre ha sido respetuosa con la ley. En este sentido, recuerda que «nunca intervino en decisión o actuación municipal alguna en relación a dicho asunto».

Por ello, mantiene intacta su idea de presentar una querella criminal contra el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Rojas, si éste no rectifica antes de mañana. «Esa es mi intención porque yo no salgo en prensa a decir las cosas porque sí», advierte mientras reitera que tanto Rojas como la alcaldesa, Raquel González, deberían dimitir.

Lejos de rectificar, Rojas se reafirma al asegurar que nunca pronunció la palabra 'corrupción' y que tan solo dijo que su formación iba a llevar el asunto a la Fiscalía porque creía que había indicios. «Estoy muy tranquilo», sostiene el edil Javier Rojas.

División

Lo cierto es que el caso Proincove ha divido, más si cabe, a los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE y mientras el grupo socialista recrimina al Partido Popular del entonces Ángel Guerra, haber ocupado el terreno en el año 2005 y no haber contestado las medidas cautelares en 2012; el PP critica al PSOE por no haber recurrido la «desorbitada» valoración que el arquitecto municipal hizo en septiembre de 2008, con Luis Briones como alcalde.

Pese a la división, los dos partidos se han unido sin embargo, para retrasar o paralizar el pago. En su decisión, la corporación considera que actúa en la defensa legítima de los intereses generales, ya que la ejecución del pago ocasionaría un perjuicio gravísimo para las arcas municipales.