La Justicia condena al Ayuntamiento de Aranda a pagar a cerca de 100.000 euros a los bomberos

El Ayuntamiento de Aranda tendrá que pagar un total de 100.000 euros a los bomberos. Según la sentencia que ha dictado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Burgos, el Consistorio tiene que reembolsar las tres mensualidades de complementos específicos que por decisión municipal aminoró a los bomberos desde mayo de 2021. Además deberá restituir la subida hasta que esté lista la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La teoría traducida a la práctica se traduce en tres mensualidades para cada uno de los trabajadores del servicio y un global de casi 100.000 euros. A esa cantidad hay que sumar los 1.200 euros que las arcas municipales tendrán que abonar en concepto de costas.

Desde el sindicato CSIF celebran que una vez más la Justicia de la razón a los delegados sindicales de los bomberos de Aranda. Según explican, la resolución judicial constata que la decisión tomada de “forma unilateral” por el gobierno municipal no se ajusta a “derecho”, procediendo a su anulación.

En la sentencia, el juez advierte de que el complemento específico “no se ha sometido a una previa negociación colectiva”, un trámite que es obligatorio.

El sindicato responsabiliza a la actual alcaldesa, Raquel González, porque fue quien tomó la decisión cuando era concejala de Personal. Por ello, desde el cuerpo de bomberos reiteran la petición de dimisión de la primera edil “por su pésima gestión en materia de personal”, así como de los concejales de Personal, Vicente Holgueras y de Protección Ciudadana, Fernando Chico, porque, en su opinión, “han actuado como cómplices necesarios manteniendo en el tiempo esta situación que ahora la justicia anula”.

Tras conocer que el Ayuntamiento tiene pensado recurrir, “pese a la rotundidad” del auto, el sindicato lamenta este intento de alargar el proceso judicial y “seguir gastando el dinero de los impuestos de los ciudadanos”.

A este respecto, recuerdan que recientemente el juzgado Contencioso Administrativo reconocía “de forma expresa” la ilegalidad del decreto firmado en abril de 2022, por la alcaldesa, Raquel González, que anulaba las vacaciones de los profesionales del servicio municipal de bomberos. Una decisión que estuvo vigente más de dos meses, “coartando los derechos laborales de estos trabajadores municipales”.