La Guardia Civil detiene a una persona en la Ribera por denuncia falsa
Denunció varios cargos “fraudulentos” en su cuenta bancaria derivados de consultas a “determinadas páginas web”, que él mismo pagó
Imagen de archivo de una operación de la Guardia Civil. GUARDIA CIVIL
La Guardia Civil investiga a M.A.L.D., de 54 años, como presunto autor de un delito de simulación de delito, al denunciar falsamente el cobro, supuestamente fraudulento, de 134 euros a través de una tarjeta de crédito asociada a su cuenta bancaria.
Los hechos ocurrieron en un municipio de La Ribera a finales del pasado año 2022, a raíz de la denuncia presentada por una persona que afirmaba haber sido víctima de varias operaciones bancarias fraudulentas, sin su conocimiento y autorización, mediante el uso de su tarjeta de crédito.
La supuesta ‘víctima’ relataba que observó estos movimientos en su cuenta bancaria, que él no había realizado, y en la cual le había sido detraída la cantidad total de 134 euros.
El seguimiento de la ‘huella digital’, que siempre deja este tipo de transacciones, llevó a los investigadores a descubrir las páginas que habían sido consultadas y desde la que se originaron los cargos en concepto tarifa, para lo cual hubo que vincular previamente una tarjeta de crédito e introducir sus claves personales.
Éstas y la dirección IP, que también fue averiguada, desde la que se había llevado a cabo la conexión pertenecían a la misma persona en todas las ocasiones, y resultó pertenecer al denunciante y perjudicado.
Consecuencias penales
Una vez identificado y localizado, ha sido investigado como presunto autor de un delito de simulación de delito por denuncia falsa, instruyéndose diligencias que han sido entregadas en los Juzgados de Aranda de Duero.
Desde la Guardia Civil recuerdan que denunciar falsamente hechos que no han ocurrido conlleva consecuencias penales para la que se contemplan sanciones de hasta 6.000 euros y pena de prisión de hasta tres años, además de generar antecedentes procesales que pueden limitar durante años el acceso a un puesto de trabajo en la administración pública. Para el delito de estafa, en el supuesto de materializarse, se contemplan penas que en su grado máximo pueden suponer prisión de 3 años.