Las bodegas de la Ribera del Duero dicen ‘basta’ a una burocracia que asfixia el campo
La Asociación Asebor encabeza una campaña para exigir medidas urgentes. No descarta acudir a la vía judicial
El campo dice ‘basta’. Atrapados por una burocracia que les asfixia, las bodegas de la Ribera del Duero han decidido dar un paso al frente y buscar apoyos para exigir a la administración medidas urgentes. La Asociación de Bodegas Asebor lidera así una campaña que ya cuenta con el apoyo de las asociaciones agrarias. “No podemos esperar más”, urge el presidente de la asociación de Bodegas en la Ribera del Duero, Iker Ugarte, a sabiendas de que este problema afecta por igual a bodegas, viticultores y agricultores en general.
Según explica, en Castilla y León han mantenido reuniones con la Consejería de Agricultura y se creó una comisión de trabajo “específicamente para resolver cuestiones tan importantes como tener una única base de datos del registro vitícola”. “Hay dos borradores de convenio sobre la mesa, pero la Consejería hace caso omiso y no está cumpliendo sus promesas”, denuncia.
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No es una reivindicación baladí ni una causa menor. “De la simplificación depende la competitividad de nuestra Denominación de Origen, una DO referente de calidad y marca España, así como del resto de agricultores y ganaderos, un sector de mucho peso en Castilla y León. No podemos perder más tiempo”, apremia Ugarte, visiblemente preocupado porque “en lugar de avanzar, nos obligan a retroceder dejando atrás logros importantes como la aplicación Bacchus con la que en 2022 podíamos generar el informe de la declaración de la cosecha con solo dar a un botón”.
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En su opinión, es necesario digitalizar el proceso, “evitar duplicidades y errores de transcripción”, y por ello “rechazamos con rotundidad el anuncio que la directora de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería, Teresa Rodríguez Vidal, hizo en agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León, por el que se obliga a hacer la declaración de la cosecha tanto a viticultores como a las bodegas que compran uva”, rechaza sorprendido porque “este anuncio se hizo público cuando estábamos pendientes de una respuesta que por su parte nunca llegó”.
No descartan la vía judicial
Acogiéndose a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Asebor recuerda a la Consejería de Agricultura que las administraciones públicas están obligadas a colaborar entre ellas. “Si no recibimos respuesta, pondremos sobre la mesa medidas drásticas y no descartamos acudir a la vía judicial para defender al sector primario de una desidia que está lastrando el crecimiento”.