El Tribunal Supremo admite a trámite el caso de Lucía del Mazo

La familia de Lucía del Mazo había perdido casi la esperanza, pero una llamada de su abogado le ha devuelto la fe: el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la revisión del caso. Su hija Lucía falleció a los 22 años cuando su vehículo fue embestido bruscamente por un conductor borracho, que circulaba con un Porsche Cayenne por Aranda de Duero, sin luces y a gran velocidad. Junto a Lucía iba su bebé de 24 meses y su pareja. “Esa noche se nos paró la vida”, aseguran sus padres con la esperanza de que “esta vez sí sea la vencida y el culpable entre en la cárcel”. “No fue un accidente, fue un asesinato. Por favor solo pedimos Justicia”, implora su madre, Alicia.

Hasta ahora la lucha judicial no ha sido sencilla. El Juzgado de lo de lo Penal número 2 de Burgos condenó al culpable de la muerte de su hija a dos años de prisión, pero ya desde el principio todos sabían que al no tener antecedentes penales no entraría. La familia recurrió a la Audiencia Provincial pero ésta no solo desestimó la apelación, también les impuso el pago de las costas. “Es como el mundo al revés”, lamenta Moisés, el padre de la víctima.

Ahora todas las expectativas están en los cinco jueces del Tribunal Supremo que revisarán el caso. “Hemos recibido varapalo tras varapalo, llevamos seis años en los que mi hija no ha sido tratada como víctima, pero él la mató y tiene que pagar”, insiste Alicia.

En tan solo unos días, el 18 de febrero, se cumplirán 6 años del fatídico día. Según explican, su hija vivía en Madrid con su pareja y su pequeña, pero fueron a pasar el fin de semana a Riaza y habían quedado en Aranda de Duero para cenar con unos amigos. Conducía ella porque él había tomado un par de cervezas y no querían arriesgar, pero no sabían que la muerte les esperaba con un Porsche Cayenne que “apareció de la nada a toda velocidad y sin luces por la avenida de Castilla”.

El choque se produjo a la altura del número 72, cuando el condenado atravesó un paso sobre-elevado previo a un paso de peatones, sin percatarse de que le precedía un Renault Megane, donde Lucía llevaba a su familia de regreso a casa. La colisión fue tan brutal que desplazó el vehículo 86 metros hasta que Lucía colisionó con un árbol de la mediana y con una señal de tráfico. Por su parte, el vehículo del procesado se desvió hacia la derecha como consecuencia del impacto, atravesó el carril bici y se subió a la mediana ajardinada hasta colisionar con una farola.

Lucía se llevó la peor parte. La llevaron primero al hospital Santos Reyes pero dada la gravedad fue trasladada a Burgos, donde los médicos no pudieron salvar su vida.

La pequeña que acababa de cumplir dos años sufrió una fractura en la tibia izquierda, además de hematomas. Como consecuencia le ha quedado una desviación de la pierna fracturada, pero sobre todo tiene desgracia de tener que vivir sin su madre. “Ella está cada vez más mayor, tiene ya 8 años, pero sigue preguntando por su madre y la echa de menos… Sigue yendo al psicólogo porque esto es un proceso muy largo. No entiende cómo pudo pasar”, lamenta su abuela convencida de que esa pregunta nunca obtendrá respuesta. “¿Cómo lo va a entender ella si no lo entiendo yo?”, cuestiona.

Junto a Lucía iba también su pareja, un joven que entonces tenía 25 años. Él sufrió cervicalgia y lumbalgia postraumática y tiene estrés postraumático moderado. Hoy cuida de su hija.

Por su parte, el conductor que causó el accidente iba acompañado de una persona de mediana edad. En la prueba de alcohol el autor del accidente dio positivo con 0,94 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando el límite está, según la Ley, en 0,25 mg/l. De drogas no se le practicó ningún test. “¿Cómo se puede entender que el tribunal y la fiscalía vean el positivo en alcohol como un atenuante, en lugar de un agravante? Creo que eso es lo que más nos duele”, rechaza convencida de que el condenado “sabía perfectamente que si bebes alcohol y conduces siempre hay un riesgo”.

Pero el juzgado también tuvo en cuenta que el ya condenado ingresó de forma voluntaria 60.000 euros. “Nosotros nunca hemos pedido dinero, lo que queremos es que entre a la cárcel y se dé cuenta de lo que ha hecho; es la única forma de que se haga Justicia y de que podamos cerrar un poco está herida que nos ahoga cada día”.