El Ayuntamiento de Aranda está dispuesto a modificar el PGOU para convertir locales en viviendas

El Ayuntamiento de Aranda de Duero está dispuesto a flexibilizar la normativa actual que regula la conversión de locales en viviendas. Según explica la concejala responsable del área de Urbanismo, Ana María Hervás, las limitaciones del actual Plan General de Ordenación Urbana “son grandes”, “pero estamos trabajando para su posible modificación” porque “compartimos el fondo del objetivo”.

El gobierno de Sentir Aranda responde así a la solicitud planteada por la Asociación de Constructores, Asecón. “Es importante para dar respuesta a la necesidad de vivienda en Aranda, pero sobre todo para mejorar la imagen de muchas calles que tienen todos los locales vacíos, porque al final son un nido de grafitis y suciedad”, argumenta el presidente, Rubén Madrigal.

La normativa vigente regula la modificación del uso de bajos comerciales en los artículos 2, 43 y 82 del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y lo cierto es que las especificaciones limitan muchos proyectos. Para empezar, cualquier cambio de uso de una edificación ya construida debe justificarse ante el Ayuntamiento de Aranda, que valorará los impactos que pueda generar. A este respecto tendrá en cuenta si el edificio está protegido así como su ubicación, metros, ventilación y uso, y siempre deberá respetar la legislación sectorial que sea aplicable.

A diferencia de otros ayuntamientos como el de Burgos o Valladolid, Aranda impone barreras extraordinarias como la limitación a cinco locales residenciales por barrio. “Cuando se supere este número será necesario la modificación puntual del PGOU”, advierte el Plan.

Para Asecón esta premisa es injusta y desproporcionada. “Pensemos por ejemplo en el extenso barrio de Santa Catalina, donde la necesidad de vivienda es enorme”, defiende el portavoz, convencido de que es preciso aumentar la cifra.

La asociación de constructores insiste además en la importancia de modificar la normativa que a día de hoy exige que la entrada al local se tenga que habilitar desde el interior del portal, y nunca desde el acceso directo de la calle. Además, el dueño del local solo podrá convertir el espacio en habitable si cuenta con la autorización de la comunidad de vecinos que tiene que dar su aprobación expresa. “El Ayuntamiento está dejando en manos de las comunidades de propietarios una autorización que debería depender exclusivamente del cumplimiento de una normativa urbanística”, defiende al recordar que ciudades como Madrid, Valladolid o Burgos sí permiten la entrada directa desde la calle.

En su opinión, mantener este acceso beneficiaría sobre todo a las personas con problemas de movilidad ya que, serían espacios mucho más accesibles que “muchos portales, donde suele haber ciertos tramos de pequeñas escaleras”. A este respecto, la asociación expresa la necesidad de dar prioridad a este tipo de colectivos. “La iniciativa cuenta con el apoyo de la asociación de personas con discapacidad física (Disfar)”, sostiene sin olvidar otra “injusticia”. “En edificios, por ejemplo, con cuatro locales solo podrían convertirse en viviendas los que colindan con el portal. Es injusto a todas luces”.

Asecón pide al Consistorio que priorice zonas en función de las demandas de la asociación de personas con discapacidad. “Hay muchas personas con verdadera necesidad de tener una vivienda accesible”.

En ningún caso, puntualiza, la medida se desarrollaría en zonas comerciales o con potencial comercial. “Estamos hablando de zonas periféricas como pueden ser las calles Santa Margarita o Tenerife, donde están casi todos los locales vacíos”.

Hora de hacer cuentas. Según explica este experto, con casi 1.400 locales vacíos, el precio en calles secundarias ha bajado mucho y si antes estaban en 1.000 euros el metro cuadrado, ahora se sitúan en 500 euros. En zonas como Santa Catalina se pueden encontrar incluso a 350 o 400 euros el metro cuadrado, una rebaja importante en comparación con el precio del metro cuadrado de una vivienda tradicional que en ese mismo barrio sale por 1.000 euros. “Pero luego hay que añadir los gastos de la rehabilitación, que es integral, las licencias… tampoco es un chollo a nivel económico, pero en el caso de accesibilidad es una ventaja que puede animar a muchos compradores”, afirma consciente de que la mayoría de locales está en manos de particulares.