La contratación del jefe de bomberos abre una crisis entre Aranda y Palencia

El nombramiento del jefe de bomberos, que formalizó el Ayuntamiento de Aranda el pasado mes de marzo, ha abierto una crisis entre Aranda y la Diputación de Palencia, que reclama al trabajador al entender que el cargo no es compatible con la plaza de funcionario de carrera que tiene a su vez en el parque de bomberos palentino. Además considera que el empleado público, Julián Rasero, quien en su día fue concejal del PSOE, ha podido incurrir en una “falta muy grave” porque se había acogido a una excedencia por cuidado de un familiar.

En el Ayuntamiento de Aranda hay informes a favor y en contra de la anulación. El Técnico de Administración General de Personal coincide con la Diputación de Palencia al asegurar que no es compatible y que lo que corresponde es iniciar “un procedimiento de revisión de oficio, con el fin de declarar la nulidad de la resolución” del nombramiento. “Ha podido cometer una posible falta muy grave”, señalaba en su informe de abril de 2024, con la mirada puesta en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Sin embargo la Secretaría considera que la revisión de oficio no tiene cabida en base al artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. “En ningún caso se establece como requisito necesario el cumplimiento de lo determinado en la Ley sobre incompatibilidades, no siendo este un requisito necesario, mucho menos es un requisito esencial que pueda ser fundamento de aplicación del artículo 47.1.f”, argumenta abriendo la puerta, eso sí, a la posibilidad de presentar recursos o de acudir a la vía judicial.

La polémica surge dos semanas después de que el Ayuntamiento de Aranda oficializase el nombramiento de Julián Rasero como Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, en calidad de funcionario interino por existencia de plaza vacante. Todo iba bien hasta que, el 5 de abril, el Ayuntamiento de Aranda recibe un escrito de la Diputación de Palencia en el que solicita copia del acta de la toma de posesión como jefe del SPEIS y copia del alta en la Seguridad Social, ante la sospecha de que se haya podido incurrir en una “posible infracción administrativa” por parte del trabajador aludido. En su opinión, al haber solicitado una excedencia no puede desempeñar otra prestación de servicio en otra administración pública por lo que pedía el cese inmediato del jefe de bomberos.

Según informó Cadena Ser Aranda, el trabajador es funcionario de carrera de la Diputación de Palencia desde julio de 2022, tras haber superado el correspondiente proceso selectivo en la categoría de bombero; pero en diciembre de 2023 pidió excedencia por cuidado de un familiar, lo que se le concedió a principios de enero de 2024. Al conocer el escrito de la administración, el jefe de bomberos presentó un recurso para que se le otorgase una excedencia voluntaria, pero en lugar de por cuidado de un familiar, por el “desempeño de puesto de trabajo en el sector público". Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la Diputación al señalar que el nombramiento como funcionario interino no permite pasar a una situación de excedencia voluntaria por prestar servicios en otra administración. La Diputación además advertía sobre “posibles responsabilidades disciplinarias”.

Un argumento que comparte el técnico municipal de Personal. En el escrito que ha tenido acceso El Correo de Burgos, aconseja al Consistorio arandino anular el nombramiento porque el trabajador “ha adquirido su condición de funcionario interino” en el Ayuntamiento de Aranda de Duero “mediando una posible infracción de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas”. Del mismo modo, recomienda al gobierno local facilitar toda la documentación requerida por la Diputación palentina. “Resulta procedente y obligatorio poner a disposición de la Diputación Provincial de Palencia la documentación solicitada”, afirma al recordar el artículo 3 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público donde se señala que las administraciones públicas se someterán, entre otros, a los principios de “cooperación, colaboración y coordinación”; así como a los principios de “buena fe, confianza legítima y lealtad institucional”. “En virtud de los principios de servir con objetividad a los intereses generales y pleno sometimiento a la ley y al Derecho predicable sobre las Administraciones Públicas, es una obligación legal poner en conocimiento a las autoridades competentes sobre la información que posee el Ayuntamiento de Aranda de Duero”, zanjaba.

Filtraciones

El equipo de gobierno que encabeza Antonio linaje, por el momento ha querido silenciar una información que pone en entredicho la gestión de este procedimiento. De hecho, tras publicar La Ser la noticia de la reclamación de la Diputación de Palencia, el equipo de gobierno de Sentir Aranda, Podemos y Ciudadanos denunció ante la Policía Nacional lo que considera una filtración de documentación de carácter secreto “al revelar información personal del actual Jefe de Bomberos de Aranda de Duero sobre su situación profesional en otra Administración Pública”. Fruto de la investigación abierta, la Policía ha comenzado a llamar a declarar a las personas que entiende pueden aportar “información relevante para la identificación del autor o autores del presunto delito, entre los que se encuentran los testigos de la filtración”.

En su opinión, la revelación de secretos o de información confidencial “afecta al interés general de la ciudad, al generar desconfianza en posibles inversores y en general en el tejido económico y social, pudiendo además producir daños y perjuicios a las personas físicas o jurídicas afectadas”. “Sobre la labor de la prensa y su papel informativo, se pone de manifiesto el importante papel que realizan para garantizar el pluralismo político y la fiscalización de la acción de gobierno de todas las instituciones, siendo un pilar fundamental de nuestra democracia. En este sentido, las denuncias de las filtraciones irán siempre dirigidas hacia la identificación de aquella o aquellas personas que revelan información confidencial o secreta, en ningún caso pudiendo ir dirigidas a ningún medio de comunicación, siendo este el canal o medio mediante el que la información revelada se hace público, de la misma manera que el autor o autores del presunto delito podrían emplear cualquier otro medio físico o digital para la revelación de la información o secreto”, concluye.