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La Red de Protección atiende en el último año a 4.531 familias

Las empresas asociadas a Vitartis aprovisionarán de alimentos a los más necesitados y contratarán a personas en riesgo de exclusión social

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Ical
Burgos

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La Red de Protección a las Familias atendió en su primer año a 4.531 familias que representan 11.000 personas. El servicio, que se activa con una llamada al teléfono 012 de la Junta y es efectivo en 24 horas, cuenta con una previsión para atender hasta 40.000 familias y 100.000 personas, pues según admitió el Gobierno autonómico, las ayudas de emergencias se han triplicado en los últimos ejercicios.Para ofrecer más detalles y profundizar más en los perfiles y sus características, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, anunció que comparecerá en las Cortes de Castilla y León en el mes de febrero. En este sentido, pidió la implicación de los medios de comunicación para que promueven la facilidad del servicio 012 para acceder a la Red y “que no se dé un caso como el de una anciana palentina que iba a ser desahuciada la semana pasada y aún no ha sido localizada por la Junta para ayudarla”.Marcos dio a conocer estos datos de balance durante la firma de un convenio con la Asociación de Empresas de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, Vitartis, que pretende reforzar la Red de Protección a las Familias. A través de este acuerdo, las cerca de 50 firmas y socios tecnológicos que conforman la organización colaborarán con la distribución de alimentos en momentos puntuales de necesidad para los más necesitados e impulsarán la contratación de desempleados en riesgo de exclusión social.La colaboración se ejecutará a través de Cáritas, Cruz Roja y la Red de Pobreza, que realizarán las demandas oportunas en cada provincia en función de las empresas de Vitartis presentes en cada territorio. La Consejería suma así esta asociación, creada en 2009, empresas con actividad biotecnología y socios tecnológicos (universidades y centros de investigación), a la Red, impulsada por la Junta para dar una respuesta integral a las familias más afectadas por la situación económica actual.Marcos subrayó que la firma de este convenio contribuirá a resolver las necesidades puntuales de productos de gran consumo (alimentación, hogar e higiene) que se detecten entre los ciudadanos. La agrupación se compromete a difundir y a recomendar entre sus asociados la incorporación al protocolo de intervención del servicio de entrega de alimentos para tratar de proveer de los alimentos necesarios. “Es un paso fundamental que garantiza una línea sana para las familias necesitadas en algún momento del año en base a la producción de las empresas, las necesidades, las cantidades y los lugares de la Comunidad donde se realiza la petición”, comentó Marcos.Su presidente, Carlos Moro, remarcó que el agroalimentario es un sector “diversificado de gran importancia en Castilla y León y susceptible de un amplio elenco de actuaciones y ofrecimiento de puestos de trabajo”. El documento suscrito hoy, añadió, se aprobó en la Junta Directiva y forma parte de la “idiosincracia y opinión” de Vitartis.Inserción laboralLa firma del convenio abre, además, un cauce de comunicación y coordinación entre la Administración autonómica y Vitartis a la hora de contratar a personal. Sus empresas asociadas se comprometen, en coordinación con la Red, a colaborar en la inserción laboral de las familias afectadas por la crisis, en función de sus necesidades productivas. De esta forma, se articulará un mecanismo para que los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía puedan participar en los procesos de selección de personal de estas empresas, siempre que cumplan con el perfil demandado.Para ello, la Consejería de Familia adaptará la formación obligatoria del programa de inserción de las personas desempleadas en riesgo de exclusión a las demandas laborales de las empresas. La Consejería será el cauce de interlocución entre las empresas asociadas a Vitartis y la Red de Protección para facilitar el contacto entre empleador y demandante de empleo y será la Administración la que controle la “normalización” entre la empresa que oferta una plaza y el trabajador que la solicita, junto al resto de organizaciones de la Red. La Consejería tiene consignado para el próximo año 9,2 millones de euros (ocho millones más que en 2014) a la formación específica para la inserción laboral.Responsabilidad socialPor este motivo, la consejera agradeció a Vitartis, que aglutina el 30% de la facturación de la agroalimentación regional con sus 50 asociados, que “dé el paso de sumarse al trabajo en red para luchar contra la pobreza y por la inclusión social” y apueste por medidas de responsabilidad social corporativa, ya que se ha demostrado, a juicio de Milagros Marcos, que “no están reñidas con el éxito empresarial”. “Estas empresas tienen un plus de producción y también hacia la sociedad. Hay estudios internacionales que señalan que el 40% de la reputación de la firma está vinculada a la responsabilidad social corporativa”, argumentó.

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