Las numerosas alegaciones paralizan la aprobación de la nueva ley de Minas

Las alegaciones paralizan la aprobación de la nueva ley de Minas, que el Ministerio de Industria puso en marcha por la vía de urgencia para hacerla coincidir con la modificación de la ley de hidrocarburos antes de fin de año. “Está paralizada porque en principio la idea del Gobierno era sacar un anteproyecto y presentarlo antes de finalizar el año, pero hubo tantas alegaciones de todas las comunidades autónomas que no ha avanzado”, afirmó responsable estatal de Minería de CCOO, José Luis Villares.Así, Villares puntualizó que, hasta donde saben los sindicatos, “no está retirada”. “El borrador ha encontrado mucha oposición”, añadió el responsable sindical, que cree que es un “despropósito” y que solo viene a entorpecer a los proyectos mineros que puedan seguir adelante a partir de 2018, ya que incluye una modificación del canon de superficie por la adjudicación de concesiones mineras y prevé también la creación de un nuevo impuesto sobre el valor de la extracción.La actual ley de Minas es de 1973 y no tiene en cuenta las competencias de las comunidades autónomas ni de la Unión Europea. Ese sería el principal motivo que ha llevado al actual Gobierno de Mariano Rajoy a preocuparse por su modificación de manera urgente, también con el objetivo de poner en valor las concesiones y evitar los “cazapermisos”, es decir, aquellos empresarios que acumulan concesiones porque son gratis.A la esperaPor otro lado, Villares reiteró su preocupación porque el año ha comenzado sin tener articulado el nuevo mecanismo que sustituya al Real Decreto por Restricciones de Garantía de Suministro, que ya no está vigente desde el pasado 31 de diciembre. “Cuanto más tarde se apruebe irá en detrimento de las empresas y del sector minero”, insistió.“Veremos que ocurre en los próximos días y si las eléctricas siguen cogiendo carbón autóctono o no y volvemos a una temida paralización del sector”, señaló el responsable minero de CCOO, que señalan que por el momento solo saben que el Gobierno “sigue negociando” ese nuevo mecanismo pero “desconocemos si hay avances o han llegado a algún acuerdo”.