La Junta prorrogará dos años las medidas sobre viviendas públicas para evitar los desahucios

La Junta de Castilla y León prorrogará dos años más las medidas urgentes en materia de vivienda que recogió en una ley aprobada a finales de 2013, tras ponerlas en marcha a través de un decreto unos meses antes. El Ejecutivo autonómico ampliará dos ejercicios más las facilidades que estableció para evitar que se produjeran desahucios de viviendas protegidas de titularidad autonómica, como las moratorias, aplazamientos o rebajas en las cuotas de alquiler.Así lo anunció hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras participar en la reunión de la Comisión de Vivienda del Consejo del Diálogo Social, que revisó las 12 medidas en esta materia que recoge el acuerdo firmado el 27 de marzo. En el encuentro participaron también representantes sindicales de UGT y CCOO, Óscar Lobo y Vicente Andrés, así como el secretario general de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Pedro García, y el viceconsejero de Empleo y Dialogo Social, Mariano Gredilla, entre otros.Suárez-Quiñones destacó que el Diálogo Social valoró la ampliación de estas medidas, que en la ley se establecieron para dos ejercicios, con lo que su vigencia finaliza este año. El consejero señaló que esta regulación permitirá “dar luz” al “callejón sin salida” en el que se encontraban algunos titulares de VPO de la Comunidad. La prórroga se materializará a través de un acuerdo de la Junta de Castilla y León, que tendrá que ser publicado por el Bocyl.Asimismo, el titular de Fomento anunció que el parque público de vivienda, que cuenta con 1.100 casas, sumará otras 100 que cederá la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), conocida como 'banco malo'. Juan Carlos Suárez-Quiñones destacó que es solo la “primera fase” ya que el Ejecutivo pretende seguir incorporando más viviendas, tanto de entidades financieras, como de los ayuntamientos.Igualmente, otro de los asuntos que se abordaron en la reunión fue la constitución y formalización jurídica, mediante un decreto, del Parque Público de Vivienda en Alquiler, como servicio público de interés general, con el objetivo de que sirva de oferta para la población sin vivienda y con recursos escasos. El consejero de Fomento explicó que se trata de una normativa que se debe realizar ex novo por lo que en noviembre una ponencia técnica del Diálogo Social estudiará el borrador, en el que ya está trabajando la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.El representante de CCOO celebró que “en breve” pueda ver la luz este decreto, pactado entre todas las partes, que ayudará en su opinión a transformar el modelo de adquisición. Al respecto, el 'ugetista' Óscar Lobo apostó por adaptar la realidad española a la europea, por lo que a su juicio el parque público ayudará a facilitar los arrendamientos, como alternativa a la compra.Medidas urgentesLa batería de medidas urgentes previstas en 2013 para las viviendas protegidas de la Junta incluye mecanismos para facilitar el pago de las cuotas de compra o alquiler, moratorias o reestrucuraciones de la deuda hipotecaria, así como aplazamientos en los pagos de la renta, rebajas de hasta el 50 por ciento en las mensualidades y la renegociación de la deuda contraída con la Administración autonómica. También, aplicó descuentos del 30 por ciento por amortización anticipada y del 40, por adquisición de una vivienda en arrendamiento.Además, la Junta aplicó en las viviendas de promoción pública sin adjudicar una reducción del 20 por ciento los precios de venta y alquiler. Finalmente, incluyó como colectivos en riesgo a las familias con todos sus miembros en paro, afectados por desahucios, personas que pierdan su casa por una separación, divorcio o nulidad matrimonial o por una expropiación o ruina, damnificados por catástrofes o por ocupar una vivienda con deficiencias en su habitabilidad.