La fiscal superior de Castilla y León denuncia que las peculiaridades del proceso penal dificultan el cumplimiento de los nuevos plazos de instrucción

La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, aseguró que los nuevos plazos de instrucción establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha obligado a realizar un esfuerzo muy importante en todas las fiscalías de la Comunidad, ya que se están revisando todos los casos que estaban pendientes, y denunció que las peculiaridades del proceso penal está dificultando el cumplimiento de esta reforma.Rodríguez Rey, que reclamó una reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para contar con un “mecanismo ágil y coherente”, reconoció que se han reforzado las fiscalías provinciales de León y Palencia, que eran las que más causas pendientes acumulaban para revisar. De todas formas, insistió que se trata de un problema estructural y de organización, y apuntó fallos como que las aplicaciones informáticas de los juzgados no estén conectadas con las de Fiscalía.Rodríguez Rey, que realizó estas declaraciones en Valladolid antes de inaugurar una jornada formativa sobre los nuevos plazos de instrucción, criticó la alta carga de trabajo de las fiscalías provinciales, ya además de los numerosos casos y de la complejidad que presentan los relacionados con delitos de corrupción, tráfico de drogas, urbanismo o estafas, “ahora también tenemos que revisar todos los pendientes para adecuarnos a esta nueva normativa”.La fiscal superior también recordó que el próximo 6 de junio vence el primer plazo ordinario para que los fiscales revisen las causas penales iniciadas tras la entrada en vigor de la reforma que acota los plazos de instrucción a seis meses,18 en el caso de las causas que sean declaradas complejas, y se sumó a las recientes críticas de la fiscal superior del Estado, Consuelo Madrigal, que aseguró que el cumplimiento de esta norma será de “difícil o imposible cumplimiento”.Rodríguez Rey también indicó que estas jornadas deben servir también para hacer una reflexión sobre dónde está nuestro proceso y “sobre la promesa del legislador, que no acaba de hacerse realidad, de establecer un proceso rápido y ágil”.En las jornadas, además de las profesoras de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid Coral Aranguena y Montserrat Hoyos, también participaron el fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, Pedro Crespo Barquero, y los magistrados de enlace de Francia y Reino Unido con España, Helene Davo y Benedict Leonard, respectivamente.En este sentido, Rodríguez Rey, consideró muy interesante la intervención de estos magistrados de enlace, ya que ofrecerán una visión de la problemática de los plazos de instrucción en sus respectivos países y analizarán las disfunciones que se producen para ejecutar ciertas resoluciones de otros países por las “peculiaridades únicas de nuestro sistema procesal, ya que en la mayor parte de los países de nuestro entorno las investigación del proceso las realiza el fiscal”.Aunque la jornada ha sido organizada por la Fiscalía de la Comunidad y el Colegio de Abogados de Valladolid, Rodríguez Rey resaltó el papel que ha desempeñado la Fiscalía de Valladolid y su jefa, Esther Pérez.La reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que en las “causas no complejas” las diligencias de instrucción se deberán practicar en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Pero la norma prevé la posibilidad de que por circunstancias sobrevenidas, a instancia del Fiscal, previa audiencia de las partes, y antes de la expiración de aquel plazo, el juzgado pueda declarar la complejidad de la instrucción y acordar su prórroga mediante auto.En este caso cuando se considere que existen “causas complejas” se prevé un plazo de investigación 18 meses. Se considerarán casos complejos siempre que la instrucción recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, exija la realización de pruebas periciales o colaboraciones solicitadas por el juzgado que supongan el examen de abundante documentación o análisis complicados.