La legislación sanitaria se simplifica para facilitar las autorizaciones de establecimientos y empresas alimentarias

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un decreto por el que se crea el registro de empresas y actividades alimentarias de Castilla y León y regula la autorización de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de este sector desde el ámbito sanitario. De esta forma, la Junta simplifica la legislación sanitaria para facilitar su puesta en marcha, según explicó en su comparecencia la vicepresidenta y portavoz, Rosa Valdeón.Estos cambios normativos se enmarcan en las medidas que la Junta ha aprobado para la dinamización empresarial y, más concretamente, en la reducción y simplificación de cargas administrativas en sectores como las industrias agroalimentarias y los servicios de restauración. El nuevo registro de empresas y actividades alimentarias de Castilla y León, adscrito a la Dirección General de Salud Pública, sustituye al anterior censo sanitario de alimentos y será público, pudiendo accederse a través de la web de ‘Gobierno abierto’ de la Junta.El decreto indica que necesitan autorización sanitaria previa de funcionamiento las industrias agroalimentarias que, con carácter general, manipulen productos de origen animal, mientras que, si no es así, les bastará una comunicación previa al inicio de su actividad. Por su parte, los servicios de restauración quedan sujetos a una comunicación previa también cuando comience su funcionamiento.Los cambios, según la Junta, favorecerán otros sectores al potenciar el régimen administrativo de las comunicaciones previas, haciéndose extensible a ámbitos como los de las aguas envasadas, los materiales en contacto con alimentos y los establecimientos minoristas, ya sean fruterías, panaderías o hipermercados, lo que contribuirá a la dinamización empresarial en estas otras actividades.Asimismo, el Ejecutivo recalcó que en este ámbito de competencia de la Consejería de Sanidad se ha alcanzado la máxima reducción administrativa posible ya que, tanto la normativa europea como la legislación básica estatal, imposibilitan la eliminación de la autorización sanitaria de funcionamiento cuando de manipulen productos de origen animal. No obstante, de las más de 46.000 empresas agroalimentarias registradas en Castilla y León, sólo 1.903 están sujetas a ese permiso inicial, con lo que el 96 por ciento restante sólo precisará de una comunicación previa de actividad.La simplificación de trámites que recoge este decreto también supone una reducción de la documentación necesaria a presentar, mediante la unificación de formularios y de solicitudes y facilita su gestión, a través de teletramitación, tanto en el caso de las autorizaciones sanitarias previas de funcionamiento como en el de las comunicaciones al inicio actividad.La reducción de los plazos para la resolución y la notificación de las autorizaciones sanitarias de funcionamiento, que pasan de seis a tres meses máximo, está incluida entre las medidas que este decreto implementa para el estímulo a la creación de empresas en Castilla y León y la dinamización empresarial, en este caso, en los sectores agroalimentario y de restauración de la Comunidad.