La empresa del hospital de Burgos obligada a facturar 12,4 M€ menos

«Esto no es el reino de la concesionaria», espetó ayer el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, a la oposición en la comisión de investigación sobre los sobrecostes del Hospital de Burgos. Como ejemplo, los 12,4 millones de euros que se han reducido hasta noviembre de 2005 del contrato después de ajustar las facturas a los consumos reales. O los 176.000 euros que se le han cobrado este año por incumplimientos en los niveles de calidad o por penalizaciones.La comparecencia de Antonio Sáez ante la comisión sirvió al consejero para insistir en una legalidad de la concesión que ya no cuestiona ningún grupo parlamentario, pero sobre todo para reiterar que los sobrecostes del hospital son consecuencia de decisiones en busca del interés general, para la atención de necesidades nuevas que se constatan tras atender los criterios de los profesionales del hospital.El contrato de colaboración público privada para la construcción del hospital y la prestación de 14 servicios no sanitarios no garantiza los beneficios de la concesionaria, explicó. Los 12,4 millones que ha dejado de cobrar la adjudicataria del hospital se producen como consecuencia del ajuste de las facturas a los consumos reales. Es un contrato, por tanto, en el que el importe que se paga anualmente no es fijo.Además, como explicó el consejero a los procuradores, hay un seguimiento que puede ser hasta diario del cumplimiento de los niveles de calidad. Hay 736 indicadores, de los que 624 son de cumplimiento, 14 de disposición y 98 de calidad. Por incumplimientos del año pasado, básicamente relativos a la calidad de la limpieza de ropa de cama, este año se ha sancionado a la concesionaria con 100.000 euros. Se consideró una falta menor porque la ropa no llegó a los usuarios, al detectarse antes el problema. En otros casos sí se ha aplicado una penalización, como este año por valor de 75.000 euros, según detalló Sáez Aguado.El titular de Sanidad defendió la fórmula utilizada para poner en marcha el Hospital de Burgos, que permitió disponer de él en cinco años y medio, frente a los ocho y medio que duraron las obras del Río Hortega de Valladolid, a pesar de ser un 60% más pequeño. También hizo una comparación con otros hospitales españoles que comenzaron sus obras con financiación pública y tuvieron que adoptar el mismo modelo que el de Burgos para poder terminarlas. El ejemplo más llamativo es el del Hospital Valdecilla de Santander, cuya obras comenzaron «en el siglo XX», y no ha comenzado a tener pacientes hasta hace poco más de dos meses.En relación al coste de los 14 servicios que presta la empresa adjudicataria, de 25,8 millones de euros, el consejero los comparó con los 31 millones del Hospital de León, los 34 millones de Salamanca, los 25,3 del Clínico de Valladolid y los 23,7 del Río Hortega, para demostrar que es un precio ajustado.En sus conclusiones, Sáez Aguado afirmó que «podemos decir que la cuestión de los sobrecostes e irregularidades son asunto juzgado», en alusión al pronunciamiento de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas tras la denuncia de los socialistas castellanos y leoneses. La conclusión de la Fiscalía fue que los sobrecostes y los reequilibrios financieros del contrato cumplieron todos los requisitos legales y pasaron los controles pertinentes.También recalcó que el Hospital de Burgos «es una obra pública y, en consecuencia, el interés público debe ser predominante», afirmó para luego insistir en que «todas las iniciativas de ampliación de las instalaciones y del equipamiento han surgido de necesidades detectadas por la Administración y tramitadas de acuerdo con las cláusulas del contrato y el ordenamiento jurídico».Sáez también respondió a las acusaciones de improvisación y falta de planificación. «Hablamos de un proyecto de más de 180.000 metros cuadrados de instalaciones muy diversas y de más de 50.000 equipos o bienes inventariados», para comparar luego los modificados realizadas en el Hospital de Burgos con las de otros centros sanitarios de menor tamaño y financiación pública tradicional. «La experiencia reciente de la arquitectura hospitalaria en España pone de manifiesto una realidad que también ha compartido el proyecto de Burgos».A este respecto, explicó que los modificados afectan tanto a modelos públicos tradicionales de financiación como a los de colaboración público privada. «Las modificaciones del proyecto no obedecen, por tanto, al modelo de concesión elegido sino a la complejidad intrínseca de las obras hospitalarias que, aunque no nos guste y sea necesario evitar, forman parte de la realidad de las inversiones hospitalarias», concluyó el consejero.Los procuradores de la oposición insistieron también en argumentos similares a los de otras comparecencias.La representante de Podemos, Laura Domínguez, comenzó diciendo que no esperaba que el consejero revelar «nada demasiado importante», al tiempo que recordó que la oposición quería que los políticos comparecieran después de los técnicos, para poder hacer así a los primeros preguntas más precisas, argumento al que también aludió el representante de Izquierda Unida, José Sarrión.Domínguez cuestionó la solvencia del proyecto inicial por no ser capaz de prever todos los cambios que se hicieron posteriormente, algunos de las cuales consideró que no atienden a necesidades sobrevenidas, como la ampliación del vestíbulo en 200 metros. Y también recordó que varias actuaciones se llevaron a efecto en el segundo modificado, cuando se habían solicitado ya por los profesionales en el primero. A este respecto, el consejero explicó que «así es la vida», con peticiones que a veces rechaza la Administración y luego las lleva a efecto porque se la convence.Los momentos más tensos de la comparecencia se vivieron con la procuradora socialista. Mercedes Martín comenzó manifestando que «alguien políticamente cometió un error garrafal, porque se diseñó un hospital de campaña», en alusión a las carencias del proyecto inicial a tenor de los modificados que tuvieron que realizarse posteriormente.Para la socialista, «todo es oscuro, sospechoso e inconcebible». A su entender, la única explicación es «el negocio que quería hacer la concesionaria». «Se paga por respirar, se mueve un pie en ese hospital y se paga», sentenció.Martín insinuó irregularidades cuando afirmó tener «alguna información» que relacionaba a algún miembro del consejo de administración de la concesionaria con una empresa de montaje y equipamiento con la que se contrataba. Sáez recalcó que desconocía cualquier dato relacionado con eso, pero pidió a la diputada que si ella tenía información la aportara donde crea conveniente, incluso a él en privado si prefería, para poder actuar. La procuradora rebajó el nivel de certidumbre sobre la información pero insistió en la denuncia, lo que provocó que el consejero repitiera su petición pero con un tono más elevado.«No sé si está intentando amenazarme», afirmó Martín, quien en ese momento también protestó porque «el presidente (de la comisión) opina, pasa chuletas». Antonio Sáez terminó con la procuradora socialista recordando que el PSOE dijo en Valencia que iba a recuperar las concesiones, pero al pasar a gobernar señaló que «lo vamos a estudiar». De ahí a «vamos a vigilarlo» para llegar al momento actual en que afirman que «no vamos a renovar esos contratos».Por su parte, José Sarrión, de Izquierda Unida, volvió a hacer hincapié en la sesión de ayer en que se amplió el proyecto justo antes de que la concesionaria estuviera a punto de incumplir un plazo de ejecución, por lo que podía haber sido sancionada.El representante de Ciudadanos en la comisión, Manuel Mitadiel, cuestionó la calidad del asesoramiento e insistió en la «sensación de improvisación y falta de planificación», al tiempo que lamentó que los modificados se vean como algo normal.