«La Justicia es igual para todos, pero la confianza es muy corta»

El decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo, es desde el viernes el nuevo presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cracyl) tras el cese del salmantino Fernando García Delgado como máximo representante de los letrados castellanos y leoneses.Pregunta.- ¿Cuáles son sus reivindicaciones y prioridades en el mandato que ahora comienza?Respuesta.- Voy a trabajar para mantener la abogacía unida y los colegios cohesionados en coordinación con las políticas de la Abogacía española y de los colegios de la región. Me gustaría incidir en la dignidad de la abogacía y crear conciencia en la ciudadanía de lo importante que es disponer del asesoramiento de los abogados.P.- Recientemente han ganado la batalla para que no se aplique el IVAen el turno de oficio. ¿Ese es uno de los papeles que debe ejercer el Consejo de la Abogacía?R.- Estamos enormemente satisfechos del papel del Consejo General, de los colegios autonómicos y de los colegios, con el apoyo casi unánime de todos los grupos políticos. Supone consolidar el modelo de justicia gratuita como servicio público, ya que dimensiona y valora la labor de los letrados, frente a una visión que podría circunscribirlo a un mero acto mercantil.P.- ¿Sobrevoló la posibilidad de convocar una huelga en el turno de oficio si se decidía aplicar el IVA?R.- Se barajó como posibilidad el derecho de huelga, ya que no se consideraba el turno de oficio como un acto de servicio público y , en este caso, podría haber tenido encaje. Afortunadamente no fue necesario ir más allá. Celebramos que haya prevalecido el sentido común y la cordura y que se implanten los acuerdos parlamentarios y gubernamentales que procedan para que sea finalmente una realidad.P- ¿Va a aportar su grano de arena para que se reunifiquen las sedes judiciales como la de Valladolid?R.- Es una reivindicación razonable desde el punto de vista de los ciudadanos y del trabajo diario de los abogados. Es un problema que padecemos fundamentalmente en Valladolid y Segovia. La creación de los campus de la Justicia persigue algo tan elemental como racionalizar el trabajo. Los ciudadanos y los letrados no podemos estar todo el día corriendo de un sitio a otro, con prisas y sin tiempo. El Cracyl gacía va a ser reivindicativo en este aspecto.P.- ¿Percibe que hay un número excesivo de abogados en la Comunidad?R.- En la Comunidad hay 4.975 abogados... en Francia hay muchos... en Madrid, ni hablamos. El problema no es el número de letrados, sino las modificaciones legislativas con recortes para la actividad de la Abogacía que perjudican que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales con la asistencia debida. Estamos en contra de medidas que no resuelven los problemas a los ciudadanos, con parcelas de trabajo que han ido a parar a notarios y registradores. Somos, de alguna forma, el primer juez, el eslabón más próximo a los ciudadanos, los que hacemos un filtro para que no se colapse la Administración de Justicia al llegar a un gran número de acuerdos por la vía extrajudicial.P.- ¿Como afectó la tasa judicial a la profesión?R.- Fue un antes y un después, aunque, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, imperó el sentido común. Durante su aplicación supuso un recorte muy grave a los derechos de los ciudadanos que no pudieron acceder a la tutela judicial efectiva. Aún quedan flecos que conciernen a empresas, pymes y mercantiles y que seguimos reivindicando.P.- ¿Se incrementaron los turnos de oficio con las tasas?R.- Hubo un perjuicio grande para las personas que no estaban en el baremo de entrar en los turnos de oficio. Pero que conste que el turnos de oficio siguen in crescendo.P.- ¿La Justicia es igual para todos?R.- A razón de lo que estamos viendo y de las resoluciones que se están dictando, la Justicia es igual para todos porque lo dice la Constitución, pero la confianza es muy corta. Quienes trabajamos en la Justicia del día a día en distintos órganos judiciales vemos cómo hay diferencias importantes a la hora de plantear las cuestiones y en la forma de resolverlas.P.- ¿Qué opina del jurado popular?R.- Es un mandato constitucional. Habrá que mejorar cuestiones técnicas, pero también poner en valor que habilita la participación de los ciudadanos en la Justicia, con el debido asesoramiento de los técnicos en Derecho, ya que, al final, las sentencias se dictan por profesionales, con lo que consiguen moldear la decisión de los ciudadanos en el veredicto.P.- A la vista de los resultados, ¿La implantación del ‘papel cero’ ha sido una improvisación?R.- El ‘papel cero’ ahora mismo no tiene una respuesta satisfactoria, ya que lo que se reivindica y se exige es ir al expediente electrónico. El ‘papel cero’ no existe, que sepamos. Solo la comunicación de escritos judiciales, pero hay muchas carencias en el seguimiento de asuntos para letrados y ciudadanos. Puede que haya habido una improvisación en la adopción de la medida sin tener los instrumentos de formación adecuados, recursos y medios para los funcionarios de la Justicia como para letrados y procuradores.P.- ¿Es partidario de implantar el turno de segunda oportunidad en otras provincias de la región?R.- En Segovia hemos iniciado unas jornadas de formación de un instrumento que ahora tiene poca operatividad. La ley es aún desconocida y no se le ha dado el tratamiento adecuado a su desarrollo. Me parece encomiable la labor de Valladolid abriendo camino. El Consejo va a potenciar su implantación en otras provincias.P.- En coincidencia con el Día de la Mujer, ¿Se necesitan más medios en los colegios de abogados y en los juzgados contra la violencia?R.- Todos los recursos que se agreguen serán bien recibidos. En los colegios hacemos lo posible y lo imposible por atender a las víctimas de violencia de género, desde los servicios colegiales y de los recursos públicos del Estado. La Abogacía está siempre está presta a colaborar contra esta lacra social.