Cinco sindicatos cargan contra la consejera por «negarse a negociar» el inicio del curso
La Consejería reconoce que aún «no hay documento». Exigen un plan de contingencia único, reducción de ratios para garantizar la distancia, aumento de plantillas, formación al profesorado y un plan de digitalización y conectividad
A escasos dos meses y medio para que dé comienzo el próximo curso escolar, todo son incógnitas: ¿será una educación presencial, cuál será el máximo número de alumnos por clase, cuántos profesores extra se necesitarán, cómo se organizarán los espacios, y el comedor, y el transporte escolar...? La Consejería de Educación reconoce que todavía «no hay documento ninguno» sobre el arranque y pospone la presentación de una guía de actuación a que «haya más certezas».
Los días corren y los sindicatos urgen respuestas, y voz. Y es que, según denuncian, a las «ocurrencias» de la ministra de Educación, Isabel Celaá, se une una «nula intención» de la consejera, Rocío Lucas, de contar con la comunidad educativa para diseñar un curso en la ‘era Covid’. «Sin reuniones, sin participación, con una nula negociación», el temor manifestado al unísono por los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial es que la Consejería «va a imponer todo dando la espalda a la comunidad educativa: profesores, padres y alumnos».
«Nos ha demostrado que no quiere negociar y no quiere de su lado a los sindicatos», denuncia la portavoz de STECyL, Christina Fulconis. «La Consejería informa, sí, pero no negocia», apunta la presidenta de ANPE, Pilar Gredilla. Nunca había pasado lo de ahora, y eso que ahora es más vital que nunca negociar», señala la secretaria general de Educación de CCOO, Elena Calderón.
«Y nos quejábamos del anterior consejero; con la actual es como darse contra la pared. No escucha ni a alumnos, ni a padres, ni a profesores», apostilla su homóloga de UGT, Beatriz García, convencida de que Lucas «no tomará decisiones hasta que no se lo marque el líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado» y que la información que reciban será «a través de los medios de comunicación».
Todo ello hace que la relación entre ambas partes «estén tensas», resume la presidenta autonómica de Educación de CSIF, Isabel Madruga. La muestra es el escrito, suscrito por las cinco organizaciones sindicales y remitido a la Consejería esta misma semana, en el que la exigen el inicio de una negociación sobre las medidas organizativas del inicio del curso, como consecuencia de la pandemia, la reducción de ratios y el incremento de las plantillas, en base a los acuerdos alcanzados en la Conferencia Sectorial de Educación.
Junto a esto, retoman su reivindicación de reducir el horario lectivo a 17 horas en Secundaria y a 23 en Primaria, así como negociar todos los procesos administraciones que siguen pendientes como consecuencia de la irrupción de la pandemia.
Los cinco sindicatos reproducen al milímetro sus reclamaciones. Ni una fisura en sus peticiones y argumentos. Saben que el inicio del curso 2020-2021 se hará en unas condiciones excepcionales y muestran su «preocupación» porque «Castilla y León ni está preparada, ni se está preparando», sostiene la máxima responsable del ámbito educativo de UGT. Y porque, como advierte la secretaria general de Educación de CCOO: «O se hace bien o los centros educativos pueden ser un gran foco de transmisión del virus».
Apuestan sin dudarlo por las clases presenciales a partir de septiembre y le añaden la coletilla de «clases presenciales seguras». Para ello, reclaman a la Consejería que negocie un «plan de contingencia» para todos los centros educativos de la Comunidad y que en ningún caso tengan que ser los equipos directivos quienes marquen esas directrices, entre otras razones porque «carecen de formación para ello».
Falta conocer el protocolo que se seguirá a la hora de establecer si las entradas o salidas del centro se hacen de forma escalonada o no, cuáles serán los horarios de los recreos o cómo se realizarán los cambios de clase, cuántas veces se limpiarán los centros... Ponen como ejemplos centros con más de 800 alumnos entrando a la vez o institutos con 500 estudiantes moviéndose por los pasillos a cada cambio de clase.
Cada centro, tal y como exigen, debería contar con personal de enfermería y con un docente «coordinador de prevención de riesgos laborales» que fuera el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y distanciamiento social de alumnos y profesores.
Para que pueda producirse en la práctica este distanciamiento de 1,5 metros fijado, los sindicatos reivindican un «recorte de la ratio de alumnos» en los centros, en especial los del medio urbano. UGT pone cifras: no más de 18 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria, frente a los 25 actuales en el primer nivel obligatorio y los 30 en la ESO.
Eso conllevaría en muchos casos buscar espacios para desdoblar grupos, y en este punto los sindicatos recuerdan, con mucho pesar, todos esos institutos públicos que la Consejería ha ido cerrando en los últimos años y esos colegios que han ido perdiendo líneas «en beneficio de la enseñanza concertada».
Y la ecuación es clara: menos alumnos por aula, más grupos, requiere más profesorado. Solo CSIF se lanza a cuantificar el número de docentes necesarios para atender la educación en Castilla y León tiempos de pandemia: 4.000 nuevos. El resto prefiere esperar a conocer el resultado del proceso de matriculación de alumnos. «No creemos que la inversión sea tan elevada como para que la Junta no lo pueda asumir», expone García.
Para STECyL, habría que empezar por incrementar las plantillas de los equipos de orientación. «Son un pilar fundamental para tratar de reducir la brecha social que se constatado con esta crisis» y para mitigar los posibles efectos psicológicos y de retraso educativo que haya podido ocasionar los tres meses que han permanecido las aulas cerradas.
Pero ¿qué ocurrirá si un nuevo brote de coronavirus impide el inicio de las clases en septiembre? Los sindicatos piden a la Junta que regule el teletrabajo de los docentes y un plan de digitalización para dotar a alumnos y profesores de dispositivos electrónicos que vaya unido, según ANPE, a un plan de conectividad, ya que «de nada sirve hoy un ordenador sin conexión», apostilla Gredilla.
Pero, sobre todo, solicitan formación al profesora en nuevas tecnologías. Y es que, como recuerdan, no se trata solo de proporcionar conocimientos en el uso del ordenador y de las herramientas de trabajo, que también, sino formación en las distintas metodologías que requiere la enseñanza online», apunta Fulconis.
«Hay que estar prevenido; no nos puede pasar lo mismo una segunda vez», insisten.
Todas sus peticiones se resumen en «más inversión» pero, tras las declaraciones de Lucas, no se muestran muy optimistas. Piensan que la consejera «está dejando pasar el tiempo» y que, al final, implantará una normalidad absoluta en un tiempo anormal. «No nos gustaría llegar a palabras mayores», concluye Fulconis.