El portavoz de Ciudadanos se abre ahora a una comisión de investigación sobre las residencias

La política tienes estas cosas, que uno puede decir una cosa a la vez que está haciendo lo contrario a lo que defiende. El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, se abre ahora a que se lleva a cabo una comisión de investigación sobre las residencias en el Parlamento autonómico.

Y todo después de que el líder de Podemos en la Comunidad, Pablo Fernández, amenazara con romper el pacto de Comunidad si no se acepta su exigencia de crear esta comisión. 

Castaño, en un comunicado remitido tras la reunión de la junta de portavoces para organizar el debate sobre el estado de la Comunidad del próximo martes, dejaba claro que su grupo no impedirá que se abra una comisión de investigación como pide Podemos sobre lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus, pero una vez que se analice en el Cortes el informe que elaborará la Junta.

Entiende Castaño que lo fijado en el acuerdo no es excluyente para que se constituya una comisión de investigación y deja claro que de momento ningún grupo lo ha propuesto formalmente. Además, indica que el pacto fue suscrito entre el Ejecutivo y los grupos parlamentarios, mientras que a su juicio la apertura de una comisión de investigación es una cuestión que debe determinarse en el ámbito de las Cortes. «Es un tema de los procuradores», señala, para a renglón seguido manifestar que su grupo «no rechazará la solicitud de algún grupo, porque sería bueno», pero siempre que primero se analice el informe de la Junta.

El portavoz de la formación naranja explica que «lo más justo es que fuera amplia y que tuviera en cuenta todo lo que se ha hecho en la pandemia y no solo un apartado». Lo que sí se rechace es que, según sus palabras, se estén dejando entrever ya las conclusiones. «No me parece muy honrado», remarca, no si antes mostrarse partidario de poner negro sobre blanco. «Si tiene que haber una comisión de investigación, la habrá», asevera.

Y es que Castaño cree que el modelo residencial debe ser modificardo, adaptarse y variarse. Lo más chocante es que, en este punto, el portavoz de la formación naranja desvía la culpa al gobierno del ex presidente Juan Vicente Herrera, del que asegura «que en el último año de la pasada legislatura no escuchaba a nadie». Es aquí donde aparece esa parte de la política que es capaz de decir una cosa y estar haciendo a la vez lo contrario de lo que predica. David Castaño parece olvidar que durante toda la legislatura pasada su partido, Ciudadanos, mantuvo pactos de presupuestos, Política Social y de residencias incluidos, con el ejecutivo presidido por Herrera, al que ahora pretender cargar con la culpa de la gestión de las residencias.

Castaño busca ahora justificarse responsabilizando a Herrera, obviando el respaldo que el ejecutivo del ex presidente de la Junta siempre obtuvo de Ciudadanos. «Siempre hemos estado de acuerdo con esta afirmación, pero en el último año de la pasada legislatura, el Herrerismo no escuchaba a nadie», asegura.

Quien muestra su rechazo a la posibilidad de esta investigación es el Partido Popular, quien se ciñe a lo recogido en el pacto de Comunidad para la recuperación y desvía el tiro hacia el Gobierno de Pedro Sánchez para señalar que se tendría que evaluar la gestión del «mando único» del vicepresidente Pablo Iglesias.

Mientras, Pablo Fernández insiste en su petición para que una comisión parlamentaria investigue lo ocurrido en las residencias de mayores, con independencia de que la Fiscalía haya decidido archivar la causa sobre las responsabilidades penales de la Junta, que había solicitado la asociación El Defensor del Paciente, en virtud del principio de separación de poderes.

Fernández dice en que nadie le trasladaba que lo recogido en el Pacto para la recuperación, el Empleo y la Cohesión Social, firmado hace poco más de una semana, impidiera solicitar la apertura de una comisión de investigación. Razón por la que indica que no recoge la renuncia a esta posibilidad, con independencia de que la Junta elabore un informe «de parte» y se debata en la comisión de asuntos sociales de las Cortes. A este respecto, el ‘popular’ Salvador Cruz se remite al pacto suscrito por su grupo, el PSOE, Podemos, Cs y Por Ávila y señala que el PP fijará posición sobre la creación de una comisión de investigación una vez se conozca el informe que debe elaborar la Junta. «Será el momento fijar posición si alguien lo solicita», afirma.

Para Podemos eso es insuficiente y avisa que que el pacto de Castilla y León podría romperse si excluye la creación de una comisión de investigación para dirimir la responsabilidad política.

«Lo que no puede hacer el acuerdo es tapar la verdad y ocultar lo sucedido», declaraba a los medios Pablo Fernández, para quien es «urgente, ineludible y un deber moral, dada la cifra de fallecidos, saber qué ocurrió, por qué y quién fue el responsable».

Pablo Fernández explica que su grupo firmaba «el pacto de las lentejas» tras recibir 24 horas antes un documento y hablar con el vicepresidente Francisco Igea y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Justificaba el apoyo de Podemos por «lealtad» a la ciudadanía y por la importancia de la unidad. «Pero la verdad no pasa por un informe de parte me preocupa, inquieta y entristece si algún grupo se conforma con lo recogido en el punto tres del pacto», finaliza. La respuesta a Podemos le llegaba a través del Salvador Cruz, quien espera que pese a lo manifestado su firma y su palabra tengan «validez».