Castilla y León, primera comunidad en pedir el confinamiento domiciliario
La Junta solicita al Gobierno la medida desde el 15 de noviembre por miedo al colapso sanitario si el contagio, que continúa desbocado con más de 1.900 nuevos infectados y 26 muertos, no se frena
La Junta de Castilla y León ya ha puesto fecha al confinamiento general de la ciudadanía. El próximo 15 de noviembre. Es decir, dentro de 16 días. Y así se lo ha pedido al gobierno, que es quien tiene la potestad para adoptar esta medida en virtud del modelo de estado de alarma establecido por Pedro Sánchez en el Real Decreto 927/2020. Si para el 15 de noviembre el contagio no sólo no ha crecido, sino que no ha descendido, en Castilla y León, el ejecutivo autonómico entiende que se ha llegado al abismo del confinamiento total de la población, como ocurrió en el pasado marzo en todo el país.Así lo confirmaron hoy tanto la consejera de Sanidad, Verónica Casado, como el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde aclararon que esto no implica que este encierro se vaya aplicar de manera inevitable, si no que es una forma de anticiparse a una situación extrema que podría llegar, y que entonces sí llevaría a los castellanos y leoneses a un segundo confinamiento «si fuera necesario, que no estoy diciendo que lo sea», según concretó Igea. Estas declaraciones tampoco implican que el 15 de noviembre arranque la medida, si no que es el límite que marca Sanidad para adoptar una resolución al respecto.De esta forma, Castilla y León se convierte en la primera comunidad que ha adoptado esta previsión ante el riesgo real del colapso del sistema sanitario a la vista de que el índice de contagio está en Castilla y León por encima de los 700 casos por cien mil habitantes, casi trescientos más que la media nacional.Mientras el miércoles por la tarde el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pactó con Castilla La Mancha y Madrid el cierre perimetral de las tres comunidades desde hoy hasta el 9 de noviembre, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, trasmitía al ministro Salvador Illa, en el Consejo Interterritorial de Sanidad, la exigencia de la Junta de que el gobierno adopte el confinamiento domiciliario en Castilla y León si las actuales medidas no consiguen frenar al virus, según pudo saber El Mundo de Castilla y León de fuentes del gobierno y según confirmó más tarde Casado en rueda de prensa. Así de dramática y terrible es la situación, que la responsable sanitaria de la Comunidad calificó una vez más como «grave» para asegurar después que «nos preocupa el conjunto de la región». Esta decisión es la última estación, la que sólo permitirá salir a la gente para trabajar y por necesidades y urgencias. El panorama que se vivió en marzo y duró más de tres meses. Ya lo advirtió de forma sutil el vicepresidente del gobierno autonómico el pasado lunes: que la gente se prepare para ir de casa al trabajo y a pasear al aire libre. Poco más.En la reunión del jueves no se establecieron plazos para ese confinamiento domiciliario que se ha solicitado para el 15 de noviembre, siempre en el caso de que la incidencia del virus no retroceda con las actuales medidas. Algunas fuentes aseguran que se podría establecer para un periodo inicial de 14 días y luego ir revisándolo en función de la situación y de los datos epidemiológicos.Sanidad rubricó el estado dramático en el que estamos en los fundamentos sanitarios esgrimidos ante el TSJ el pasado viernes para decretar el toque de queda. Avisó del colapso del sistema sanitario, con los hospitales ya desbordados y las UCI sometidas a una presión constante, a mediados de noviembre si la situación no mejora ostensiblemente. En ese documento que entró al tribunal para certificar la emergencia sanitaria en que nos encontramos, advirtió que «a mediados de noviembre» es previsible que hay que trasladar pacientes a UCI de otras comunidades por imposibilidad de atenderlos en los centros hospitalarios de Castilla y León.El contagio está desbocado. Lleva desbocado semanas. Los cierres perimetrales de ciudades no han funcionado. Salamanca, por ejemplo, registra un índice de contagio de más de 1.100 casos por cien mil habitantes. El resto de capitales no andan lejos.Valladolid, por encima de los 800, por ejemplo. Son datos que dejan claro lo delicada de la situación. Pero, además, se puede acudir a la famosa curva para comprobar que la Comunidad supera los 38.000 casos activos. A poco más de 1.600 que registró el famoso pico de la curva el 23 de abril, el momento más álgido del contagio en la Comunidad. Ese récord capitulará previsiblemente hoy o mañana y seguirá creciendo en los próximos días a la vista de la inercia de que presentan diariamente las cifras. Es cierto que ahora hay muchos más casos porque también se practican muchas más pruebas para detectar el virus que en abril, cuando apenas había test disponibles. En aquellos días no había ni test, ni guantes, ni mascarillas. Sólo había desconcierto. El mismo que parece haber regresado ahora al seno de la política para desgracia de la ciudadanía.Tampoco es ninguna sorpresa el confinamiento domiciliario solicitado ahora por la titular de Sanidad de Castilla y León. Sólo hay que seguir los pasos de Macron, el primer ministro galo, para saber la senda que va a recorrer la consejera Verónica Casado. Cierre de ciudades. Toque de queda. Nada de eso ha funcionado en Francia y por eso el ejecutivo francés ha decretado ya el confinamiento de la ciudadanía. Confinamiento que llegará previsiblemente a partir del 15 de noviembre a Castilla y León si los datos del contagio no dan un vuelco en estas dos semanas.De momento, Castilla y León afronta el combate al virus con el toque de queda decretado hace una semana, entre las diez de la noche y las seis de la mañana. A eso se suma el cierre perimetral de la comunidad desde las dos de la tarde de mañaa hasta el 9 de noviembre. Otra cosa es quién vigila todo esto. Porque Castilla y León carece de caprichos como la policía autonómica que tienen otros. Y las fuerzas del orden, con plantillas recortadas no dan abasto, y menos para velar por el cumplimiento de tantas normas en la región más extensa y dispersa de Europa. Desde la Junta aseguran que será competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no tienen «ninguna duda de que se aplicará el dispositivo más efectivo».Castilla y León tampoco ha adoptado el cierre de los municipios para proteger al medio rural, donde el virus ya está igual de extendido que en las ciudades. Algo que sí han hecho, por ejemplo, el País Vasco y Andalucía, precisamente para evitar el éxodo de sus ciudadanos a las costas en este puente de los Santos.Sobre las limitaciones que implicaría un nuevo confinamiento en la Comunidad, Francisco Igea aclaró que «si planteamos una restricción de las actividades, lo haremos de forma progresiva». Además, a preguntas de los periodistas, incidió en que los colegios y otros centros educativos «serán lo último que se cierre».Las autoridades tienen claro que las restricciones de las libertades no bastan para frenar el virus. Ruegan a los ciudadanos el autoconfinamiento o «confinamiento inteligente», como lo volvió a llamar Casado después de Mañueco lo hiciera el día anterior. Que eviten las relaciones sociales y que salgan para lo estrictamente necesario. Junto con la petición de un posible confinamiento para Castilla y León, la consejera de Sanidad reclamó al gobierno una herramienta jurídica que permita su aplicación porque el actual estado de alarma no lo contempla. «Pedimos herramientas jurídicas para que, si fuera el caso utilizarlo, podamos ordenar el confinamiento domiciliario programado», puntualizó aunque, de nuevo, sin aclarar a qué tipo de herramienta se refiere.Una decisión, eso sí, que precisó se trata de una recomendación apuntada por el comité de expertos de la Comunidad, «por lo que es necesario contar con esta herramienta para atajar el número de contagios si se mantiene la tendencia actual y la presión hospitalaria aumenta».