La Junta de Castilla y León resuelve solo un 7% de ayudas al coche eléctrico en año y medio «por falta de funcionarios»
Solo 70 propuestas de resolución y mil expedientes en tramitación. Es el balance aportado por la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León al Procurador del Común después de año y medio de actuaciones desde la convocatoria de la tercera edición de las ayudas al coche eléctrico. El Plan, con el nombre de ‘Moves III’, fue publicado en el BOE el 14 de abril del pasado año 2021 con un presupuesto total de 400 millones de euros, de los que 20,2 corresponden a Castilla y León.
Falta de funcionarios. Es la razón que aduce en repetidas ocasiones el Servicio de Fomento del Ahorro Energético y Energías Renovables de la Dirección General de Energía y Minas en su contestación a los requerimientos del Procurador del Común en el expediente 1263/2022 recientemente resuelto. Un expediente iniciado de oficio, precisamente, por el ‘Retraso en la tramitación de las ayudas de los programas Moves II y Moves III’.
El problema se remonta años atrás habida cuenta de que la convocatoria del programa Moves II, también destinado a ayudar las adquisiciones de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, fue publicada en el BOE el 17 de junio de 2020. El plazo de presentación de solicitudes terminó el 8 de octubre de 2021 y quedan flecos por resolver. Un año después de ese cierre de plazo, hay ayudas concedidas aún sin desembolsar a los beneficiarios.
Esa convocatoria del Moves II contó con un presupuesto para toda España de cien millones de euros, de los que 5,13 correspondieron a Castilla y León. Fue el segundo paquete de un programa cuya primera edición, convocada en marzo de 2019, contaba con un montante de 45 millones, 2,34 para la Comunidad Autónoma.
En relación a los retrasos del Moves II, el Servicio de Fomento del Ahorro Energético y Energías Renovables de la Junta argumentó que la incorporación de la técnico contratada con cargo a los costes indirectos de este programa «tenía que haberse producido en diciembre de 2020, pero por circunstancias ajenas a este servicio (gestión del contrato, bolsa de empleo, etcétera), esta incorporación no se produjo hasta junio de 2021».
A pesar de que el resto del personal del servicio «hizo un gran esfuerzo para ir avanzando en lo posible la tramitación de algunos expedientes de Moves II», aseguró el mismo Servicio en su respuesta al Procurador del Común, «no ha sido hasta la incorporación y formación de la técnico mencionada que se ha podido avanzar más decididamente en la tramitación de expedientes de Moves II». La apertura de plazo de presentación de solicitudes se había producido ocho meses antes de la incorporación de esa funcionaria, el 22 de octubre de 2020.
A esa circunstancia de falta de funcionarios se unió la prórroga de los Presupuestos de la Comunidad en 2022. «El Decreto 3 6/2021, de 30 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 en el ejercicio de 2022 implicó que no se pudo realizar ningún trámite de contenido económico con cargo a crédito de 2022 hasta que no se habilitó dicho crédito, una vez liquidado el presupuesto de 2022», continúa en su respuesta el servicio adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda. «Este hecho se produjo en junio de 2022».
RESOLUCIONES
A partir de entonces, y siempre referido al Moves II, se han emitido resoluciones de concesión 70 expedientes; se han enviado a fiscalizar 62 propuestas, y se han enviado a liquidar otros 70 expedientes. «A partir de la concesión, los beneficiarios disponen todavía de 12 meses para solicitar la liquidación», apunta el Servicio autonómico.
Más raso es aún el balance del programa Moves III, cuyo plazo de presentación de solicitudes se inició el 15 de septiembre de 2021. La Administración ha tenido que esperar «a que se habilitara el correspondiente crédito en el ejercicio 2022», tras lo cual «se han enviado a fiscalizar unas 70 propuestas de concesión de Moves III, y se proseguirán los trámites para resolverlas a la mayor brevedad. Asimismo, se han revisado ya cerca de 1.000 expedientes, habiendo llegado a formular para alguno hasta 3 requerimientos de subsanación, y se está en trámite de revisión de las subsanaciones para emitir acto seguido las propuestas de resolución».
Frente a todas estas argumentaciones, el Procurador del Común señala que otras comunidades autónomas como Madrid, País Vasco y Galicia tienen muy avanzada la tramitación de expedientes en comparación con Castilla y León. Pero también tiene respuesta para eso el Servicio de Fomento del Ahorro Energético y Energías Renovables, puesto que el retraso en las tramitaciones es «un problema que también ha afectado a otras administraciones autonómicas como Asturias, Cantabria y Extremadura, que tampoco han podido conceder todavía ninguna ayuda de Moves III», expone.
Ante los argumentos de «faltan funcionarios», «se retrasó el crédito» y «pasa también en otras autonomías», el Procurador del Común dio el pasado 23 de noviembre un golpe sobre la mesa con una resolución clara dividida en tres apartados.
En primer lugar dispone que, «dados los retrasos acreditados en la gestión de las subvenciones del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves II)», convocado por la Orden de 5 de octubre de 2020 de la Consejería de Economía y Hacienda, «se adopten las medidas oportunas por parte del órgano competente de esa Consejería para proceder lo antes posible al abono de las ayudas concedidas, con el fin de evitar dilaciones indebidas que puedan generar problemas a los beneficiarios».
En segundo lugar «que, con el fin de cumplir los principios de eficiencia, celeridad y proactividad recogidos en el artículo 5 de la Ley 2 /2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración», se realicen «las actuaciones pertinentes por los órganos competentes de la Consejería de Economía y Hacienda para agilizar la tramitación de las solicitudes que vayan presentando los peticionarios» a las ayudas del Moves III, «evitando de esta forma que surjan los retrasos acreditados durante la tramitación del programa Moves II».
En tercer lugar, el Procurador del Común recomienda «que se valore por el órgano competente de la Consejería de Economía y Hacienda aplicar el crédito presupuestario disponible de los costes indirectos en la gestión de las subvenciones del programa Moves III para mejorar las herramientas informáticas existentes» para agilizar la gestión. Al cierre de esta edición aún no constaba la aceptación de la Resolución por parte de la Administración autonómica.