El Colegio de Médicos señala que los protocolos clínicos los elaboran los facultativos y no los políticos
Los ginecólogos recuerdan que las ecografías 3D y 4D no forman parte de la sistemática asistencial / Ciudadanos presenta una PNL en el Congreso que insta al Gobierno a asegurar el libre acceso al aborto
Una imagen de archivo de una mujer embarazada. EL MUNDO
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) recordó este lunes que los protocolos clínicos los elaboran ellos y no los políticos, tras las últimas noticias sobre las medidas propuestas por la Junta de Castilla y León.
Según fuentes del Cgcom, “la relación médico paciente es de íntima confidencialidad y el único objetivo del acto médico es el bienestar físico y psíquico del paciente, y cada paciente es único”.
Además, desde esta organización aseguraron que “en ningún caso y de ninguna manera se puede obligar a nadie a una prueba diagnóstica o terapéutica que no desee”, tal y como se establece en la Ley de autonomía del paciente, informa Ical.
Uso prudente del Doppler
La Sección de Ecografía y la Sección de Medicina Perinatal, ambas de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), pidieron el máximo respeto a la legislación vigente con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ante la polémica sobre la posible aplicación de un nuevo procedimiento de atención médica en los casos de aborto en la Junta de Castilla y León.
Ante la posible indicación por parte de la Junta de Castilla y León de que la mujer se realice una ecografía 3D antes de abortar, los ginecólogos recordaron la necesidad de hacer un uso prudente del Doppler durante el primer trimestre de la gestación por los potenciales efectos térmicos y mecánicos indeseables sobre el embrión.
Por ello, hicieron hincapié en el derecho de la mujer a acogerse a la actual normativa donde están regulados todos los requerimientos para la interrupción voluntaria del embarazo. Del mismo modo, recordaron que las ecografías, tanto 3D como 4D, no forman parte de la sistemática asistencial ni puede encontrarse ninguna recomendación para su práctica rutinaria, ni en protocolos-guías nacionales ni internacionales.
De hecho, explicaron que el uso de ultrasonidos convencionales (ecografía modo B y modo M) se considera seguro durante el embarazo. En fase embrionaria (hasta la 16 semana) se recomienda que la evaluación ecográfica del latido sea preferiblemente de manera visual.
La Guía de Práctica Clínica de SEGO sobre la Gestación precoz, del año 2021, recomendó que “la evaluación con Doppler solo debe ser realizada en el primer trimestre en aquellos casos en los que haya una indicación clínica específica” y “en la gestación temprana…. se recomienda utilizar preferiblemente el modo-M para determinar la frecuencia cardiaca embrionaria”.
Por su parte, la Sociedad Internacional de Ultrasonidos en Obstetricia y Ginecología (Isuog), en el año 2021 recomendó que en periodo embrionario (hasta la 16 semana) el Doppler espectral, color, power Doppler u otras modalidades de Doppler no deben ser utilizadas rutinariamente. En periodo fetal (de 11 a 19 semana) puede ser utilizado rutinariamente para ciertas indicaciones clínicas, como el cribado de trisomías y anomalías cardiacas.
Ciudadanos
Ciudadanos presentó hoy en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno a asegurar el libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional.
Este partido afea que Vox, “en aras de seguir alentando debates superados y un populismo que ataca directamente a la libertad de los ciudadanos”, ha llevado a la mesa de la Junta de Castilla y León una propuesta que “atenta” contra la “libertad de decisión de las mujeres sobre la continuación del embarazo”.
Al respecto, recuerda que el Código Penal castiga con penas de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a aquellas personas que intenten obstaculizar este derecho. “Ninguna institución puede ni debe condicionar a una mujer que, en el marco de sus libertades individuales, debe interrumpir voluntariamente su embarazo”, añade.
Asimismo, Ciudadanos apunta que Castilla y León se encuentra a la cola de casos de interrupción voluntaria del embarazo. En mayo de 2022 se registró que casi un millar de personas se habían tenido que desplazar a otra provincia de esta región o a otra comunidad para poder llevar a cabo la intervención.
“Nos encontramos ante un nuevo caso de moralización por parte de quienes quieren que las administraciones se metan aún más en la vida y las decisiones personales”, lamenta este partido. A su juicio, las administraciones están para “proteger, defender y ampliar derechos y libertades” de los ciudadanos y no para “dictarles cómo deben gestionar su planificación familiar”.
A su vez, subraya que las mujeres que tienen decidido interrumpir su embarazo ya se han tenido que enfrentar a una situación “nada fácil” y “lo último que necesitan” es que “los populistas se lo pongan aún más difícil utilizando las instituciones para culpabilizarlas, tratarlas como menores de edad o impedir que ejerzan su libertad reconocida por la legislación vigente”.