El portavoz de la Junta asegura que el aborto no es un "derecho fundamental" porque no está en la Constitución

Nuevo capítulo en la polémica sobre el 'protocolo fantasma' de Castilla y León y la atención a las mujeres embarazadas, anunciado por el vicepresidente de la Junta como "provida". El detonante han sido ahora las recientes declaraciones del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que consideró que “el aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley". Una postura a la que ahora se ha sumado la Junta a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, Carriedo fue preguntado acerca de la aprobación de la Ley del Aborto en el Congreso de los Diputados. En este sentido, y cuestionado acerca de si considera el aborto un derecho fundamental, el portavoz del ejecutivo autonómico no lo consideró así ya que, según aclaró, "la Constitución establece los derechos fundamentales", mientras que la interrupción del embarazo no está incluida en la Carta Magna. 

Asimismo, en este mismo sentido, Fernández Carriedo también recordó que hay una serie de leyes de ámbito nacional que establecen una serie de derechos para los ciudadanos, y señaló a este respecto que "Castilla y León es una comunidad leal". "Siempre hemos cumplido las leyes y también cumpliremos esta", confirmó con respecto a la Ley del Aborto, al mismo tiempo que dijo que la Junta no se siente aludida por la aprobación de la nueva legislación.

En cualquier caso, el portavoz de la Junta realizó algunas observaciones acerca del texto aprobado, ya que consideró "oportuno" que se hubiera mantenido el periodo de reflexión de tres días que antes se establecía para las mujeres que decidían abortar. Asimismo, también echó de menos la "participación de los padres" en los casos de menores de edad y apostó por "volver a respaldar el trabajo de los profesionales" porque, según remarcó, "el respecto a la objeción de conciencia debe imperar".

Sobre esta cuestión, y en respuesta a preguntas posteriores, Fernández Carriedo significó que Castilla y León velara por el respecto a esa objeción de conciencia. "No vamos a hacer nada que limite la capacidad profesional de los profesionales sanitarios", aseguró el portavoz, quien además añadió, como en otras ocasiones, que "no se va a obligar a las mujeres a hacer nada que no quieran". Así, incidió en que los único que se pretende es "reforzar la asistencia a las mujeres embarazadas". "Mejorar la sanidad es perfectamente compatible con cumplir la ley", remachó.