Mañueco considera que el Gobierno "vuelve a sobreactuar" y "ataca" a Castilla y León con el requerimiento judicial sobre el Serla

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró este lunes que “el Gobierno de Sánchez tiene por costumbre atacar a Castilla y León”. En declaraciones antes de su participación en el Comité Ejecutivo Nacional, se refirió al requerimiento judicial que ha presentado hoy mismo la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díez, para que “reponga inmediatamente el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla)”. “No entendemos este requerimiento, como no entendimos el que puso en el mes de enero el Gobierno de Sánchez, que vuelve a sobreactuar”, defendió.

Mañueco explicó que ha "garantizado de palabra al Gobierno de Sánchez que las competencias de los conflictos laborales están garantizadas”, por lo cual no entienden el anuncio del nuevo requerimiento, “un nuevo ataque, utilizando derechos reconocidos por parte de todos en el ámbito del Diálogo Social y que están bien garantizados”.

En ese sentido, y según declaraciones recogidas por Ical, explicó que “en Castilla y León, las buenas relaciones que hay entre empresarios y sindicatos hacen que seamos una de las autonomías con menor tasa de paro de este país”. “Tenemos una política en la que hemos recuperado el PIB antes que la media de España, así que a Yolanda Díaz más le valdría encontrar los fijos discontinuos que han salido de las estadísticas del Inem que seguir atacando a Castilla y León”, concluyó.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, recordó a la Junta que “debe responder” al requerimiento enviado por el Gobierno de España sobre la situación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), e instó al Ejecutivo autonómico a financiarlo íntegramente: “Están obligados”.

En declaraciones durante la rueda de prensa celebrada este lunes en la sede autonómica del PSOE, Tudanca respaldó el requerimiento enviado en las últimas horas por el Gobierno de España a la Junta para la reposición del Serla en la Comunidad, dado que es un instrumento que “ha salvado de muchos conflictos” laborales.

Por ello, y ante las “pretensiones ilegales del consejero de Vox”, Mariano Veganzones, titular de Industria, Comercio y Empleo, que “se quiere cargar el Serla con la complicidad de Mañueco”, Tudanca reivindicó la postura del Gobierno que “va a defender nuestra tierra y nuestros derechos, como hizo con las mujeres frente al protocolo antiaborto fantasma, frente a una Junta cómplice y rehén de la extrema derecha”.

Además, Tudanca respondió también a las recientes declaraciones del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la que aseguró que apuestan por el diálogo social, afirmando que dichas manifestaciones “no se compadecen con lo que dice el consejero y con lo que se está haciendo”.

“Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen”, continuó esgrimiendo el portavoz de la Junta, que además instó al Gobierno autonómico a financiar totalmente el Serla porque hacerlo “a medias” es “como si dijera que van a cobrar a los ciudadanos por la mitad de lo que cuesta la Sanidad”.

“Están obligados a financiar el Serla íntegramente porque es un servicio público, y no pueden pedir a nadie que pague algo que deben financiar desde la Junta íntegramente”, reiteró Tudanca, tras lo que pidió “nada de tibiezas ni dudas” en la Junta con respecto al Serla ni en relación al requerimiento del Gobierno, ante el que “deberán responder y cumplir”.

En la misma línea que el PSOE, UGT y CCOO exigieron a Fernández Mañueco que “cumpla con la legalidad” tras el requerimiento del Gobierno central, esta mañana para reponer el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla). Se trata de un documento previo a la vía judicial. “Si la Junta no cumple con la legalidad vigente en esta materia, el Gobierno adoptará las acciones oportunas para que así sea”, recuerdan los sindicatos en un comunicad.

El pasado mes de febrero, CCOO, UGT y la CEOE de Castilla y León se reunieron en la Delegación del Gobierno con la vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para solicitar la intervención del Gobierno de España tras el anuncio de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de su intención de eliminar el Serla.

En su momento, la ministra señaló la “gravedad” de la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León, “porque supone un duro golpe al Diálogo Social y pone en riesgo la posibilidad del cumplimiento de la legislación laboral estatal, con la consecuente vulneración de derechos laborales”.

Además, los agentes sociales y económicos defendieron que llevan meses ejecutando acciones diversas, con visitas a diversos organismos de la UE, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para solicitar las intervenciones oportunas de dichas instituciones, así como diferentes movilizaciones y actuaciones jurídicas, con el fin de evitarlo por el “grave perjuicio que ocasionaría a los trabajadores y empresas de la comunidad”.

Hasta el momento, refrendan los sindicatos, son “numerosos” los informes recabados y publicados por el propio Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) y por los agentes sindicales y empresariales sobre los procesos resueltos por el Serla en Castilla y León y el presupuesto “necesario que han evitado que cientos de conflictos laborales llegasen a juicio”.

Acción “antidemocrática”

De hecho, UGT y CCOO acusan a la Junta de incurrir en una “acción antidemocrática” auspiciada por el “partido de la extrema derecha en el Gobierno autonómico, desde una ideología contraria a los sindicatos y la patronal más representativos y, en definitiva, contra las libertades y los derechos constitucionales, con la permisividad que les presta el PP en la Comunidad”.

Mientras esto ocurre, prosiguieron, la prestación de los servicios de conciliación, mediación y arbitraje a empresas y trabajadores que lleva a cabo el Serla acumula 72 días “prestándolos sin dotación presupuestaria”. “Los agentes sociales esperamos que el presidente de la Comunidad recobre la sensatez, actúe dentro de la legalidad y, en consecuencia, dé la espalda definitivamente a la ultraderecha y gobierne en minoría”, instaron.

Según las organizaciones sindicales, “es imprescindible recuperar el Diálogo Social tripartito” y los “pactos políticos de Comunidad”, que “doten de la estabilidad política y social necesaria a Castilla y León, al contrario de lo que está sucediendo en los últimos doce meses“.

En este sentido, ambos sindicatos solicitarán a Mañueco una reunión inmediata del Consejo del Diálogo Social para tomar las “decisiones oportunas para resolver esta gravísima situación” y que se cumplan los acuerdos vigentes en torno al Serla.

"Electoralismo barato" del Gobierno

Quien también reaccionó este lunes al requerimiento enviado a la Junta de Castilla y León fue el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), quien señaló que "una vez más, el Gobierno de España interfiere en el ejercicio de las competencias del Gobierno de Castilla y León con amenazas de actuaciones judiciales que volverá a archivar por segunda vez sin ninguna duda". Al respecto, aclaró que desde su departamento "no se ha puesto en duda nunca la continuidad del servicio de solución autónoma de conflictos laborales. Siempre se ha partido de esta premisa", a lo que añadió que "desde el Gobierno de Castilla y León se buscan soluciones al Serla sin que ello signifique subvencionar chiringuitos sindicales".

"Garantizaremos la prestación del servicio con un coste razonable que implica una reducción mínima del 50%", señaló también Veganzones, quien advirtió que "no es Yolanda Díaz ejemplo de respeto de Diálogo Social, ni en su propio ministerio". "Castilla y León es ejemplo en creación de empleo y en producción industrial", continuó el consejero, "por ello a la ministra la requiero para que no haga electoralismo barato contra un gobierno que dialoga y busca soluciones, también con el Serla, y le invitamos a venir a nuestra tierra para aprender a gestionar el empleo y no a castigar a una región que trabaja y progresa, una región leal con España".

Finalmente, el responsable autonómico de Empleo aseguró que no aceptan "lecciones de democracia de quienes vulneran la división de poderes del Estado, cierran inconstitucionalmente el Congreso, legislan a golpe de Real Decreto Ley, invaden al Tribunal Constitucional y no respetan la independencia del Poder Judicial".