A la ministra Ribera le cuelan una sarta de bulos contra Castilla y León que difunde por carta

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, sigue erre que erre cargando contra Castilla y León en cada ocasión que puede, pero, de nuevo, no lo hace con datos contrastados, sino dictados. Continúa anclada en el bulo para criticar a esta Comunidad. Si este miércoles insistía en arremeter contra Castilla y León desde su escaño en el Congreso de los Diputados por lo que ella calificó de «recortes de maestros, de aulas rurales, de pediatras [...]», obviando, entre otras cuestiones, que esta Comunidad mantiene colegios rurales con tres alumnos y cuenta con 3.650 consultorios, en la última ocasión los plasma en una carta. Un escrito oficial remitido a la Junta con partes de ‘corta y pega’ y otras con afirmaciones que no se corresponden con la realidad castellana y leonesa.  

En concreto, el documento de cuatro folios más otros cuatro de anexos va dirigido al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, sobre el que recae un asunto tan crucial como la despoblación, y se envía con copia al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Lo remite la ministra como respuesta, afirma en el escrito, a «la preocupación» que dice que han mostrado «públicamente» sobre sus comentarios relativos «al vínculo que existe entre reducción de servicios y pérdida de población». Y sostiene que lo hace con estadísticas y datos oficiales. 

Desgranando la misiva, en la primera página comienza conciliadora, aunque con generalidades: «Compartimos la necesidad de situar al reto demográfico como una prioridad de nuestro país, y debemos trabajar intensamente desde todos los niveles de gobierno para reducir las brechas de cohesión territorial que aún existen», escribe. Y a partir de ahí desata una retahíla de afirmaciones como poco cuestionables, muchas de ellas basadas en información remitida desde el PSOE y la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Una oportunidad que además no pierde para hacer campaña electoral con recursos institucionales, algo contra lo que el Partido Socialista se ha desgañitado protestando cuando estaba en la oposición. 

«No puedo ocultar la preocupación que produce el análisis de las tendencias demográficas en Castilla y León, que registra la mayor pérdida de población a lo largo del siglo XXI, por encima de los 100.000 habitantes, y muy especialmente en la última década, puesto que la pérdida de población aumenta hasta los -173.438 habitantes, siendo también la comunidad con una mayor caída de población en este periodo de España», indica. ¿Es a las puertas de unas elecciones cuando se entera, tras cinco años en el cargo, con las competencias sobre la materia, del problema endémico de la pérdida de población?

No hace falta pasar de página aún para comprobar cómo la carta está trufada de afirmaciones de ‘corta y pega’. En el último párrafo de la primera cara apunta: «En solo 10 años, Castilla y León ha perdido un número de habitantes similar a la de su segunda ciudad en términos de población, Burgos (173.483 habitantes)». No es original suyo. El secretario autonómico  del PSOE, Luis Tudanca, lleva los últimos meses repitiendo esta misma comparativa. 

«El Gobierno ha situado al reto demográfico como prioridad, y lo ha dotado de un marco de gobernanza, una estructura administrativa y una capacidad real de actuación, que ha permitido contar con inversiones relevantes para abordar problemas específicos en la lucha contra la despoblación», escribe en el párrafo que abre la segunda página. Sin dejar el Gobierno muy claro en qué acciones se traduce ni hace referencia, por ejemplo, a qué fue del proyecto del cuartel en Monte la Reina, en Toro, especie de maná contra la despoblación en Zamora y que aún no se ha convertido en realidad. 

Apenas unas líneas más abajo, otra afirmación: «El mantenimiento y la mejora de los servicios públicos, especialmente en el medio rural, con unos servicios próximos y de calidad, con una dotación de personal suficiente para garantizar un acceso equivalente al de las ciudades, son uno de los factores que permiten a nuestros pequeños municipios fijar y atraer población». Aquí la ministra Ribera podría preguntar a su compañero de gabinete, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por qué están cerrando e inutilizando cuarteles de la Guardia Civil (como el de Zaratán) en un extenso y disperso territorio como es Castilla y León. Porque, al fin y al cabo, la seguridad es un servicio esencial para fijar población aquí, en esta Comunidad, y en cualquier otra. 

El siguiente aguijón de la ministra pone en la diana la educación rural: «Los datos de la propia Junta recogen el cierre de colegios públicos en el medio rural en la última década [...] El número de colegios públicos situados en municipios de menos de 5.000 habitantes se redujo de 192 a 179 entre los cursos 211/2012 y 2012/22». Aquí hay varias cuestiones a analizar. Primero, los  de menos de 5.000 habitantes son el 97,3% de los municipios de Castilla y León. Distribuidos en la región más extensa de Europa. Y lo que se han cerrado has sido 13 escuelas en 10 años. Sin embargo, Castilla y León tiene a gala mantener escuelas con tres niños, algo que no sucede en otras zonas.

«Los recortes de atención primaria no se han detenido durante la pandemia, y han afectado más al medio rural. Además de tener cerrados los consultorios durante los meses más críticos de la pandemia, sin atención presencial, las zonas básicas de salud rurales han visto más recortadas sus plantillas en los últimos años». Este es el tercer párrafo de la última página de la carta. Y llama la atención una parte: «En los meses más críticos de la pandemia». Ese periodo que no concreta incluirá obviamente los meses del confinamiento y del Estado de Alarma. Porque más críticos que esos este país no ha atravesado. Y en ese tiempo fue una orden del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, la que indicó que debían cerrarse para evitar la propagación del contagio y establecer triajes a las puertas de los hospitales y primar la atención telefónica. Una orden ministerial que ahora Ribera achaca a Castilla y León para arremeter contra ella. 

Sin abandonar la misma parte de la carta, unas frases más adelante, insiste en las zonas básicas de salud que tienen, dice, «un personal claramente insuficiente para atender no sólo los más de 260 centros de salud, sino también los más de 3.600 consultorios rurales, aunque sean solo algunas horas a la semana».  ¿Qué región de Europa tiene 3.650 consultorios? Lejos de elogiar esta gesta de Castilla y León lo usa para criticarla. 

Página tres de la carta remitida por la ministra.

Continúa la vicepresidenta en su alegato contra la Comunidad en materia de despoblación. «Es sin duda, la antítesis de políticas demográficas como las que están poniendo en marcha otras comunidades autónomas, que están garantizando, a través de leyes específicas de lucha contra la despoblación y dinamización del medio rural, la prestación de servicios públicos en sus zonas rurales». ¿Cuáles son esas políticas? La ministra no se aviene a ilustrarnos. Mucha estadística, sí, pero pocos detalles. 

Remata su carta oficial cargando contra servicios educativos: «Sin embargo, el gobierno de Castilla y León no tomó en consideración la propuesta de la Procuraduría para una implantación generalizada de los servicios educativos complementarios de comedor y transporte escolar en el medio rural, lo que llega a dificultar en extremo la conciliación de la vida laboral y familiar en las familias con menores de edad». Esto directamente es incierto. En lo que ella llama medio rural, municipios de menos de 5.000 habitantes, hay realidades muy dispersas. Por ejemplo, Medina de Rioseco tiene menos de esos residentes y sí cuenta con los servicios a los que alude.

«En cualquier caso, quiero reiterarte el compromiso del Gobierno con las políticas de lucha contra la despoblación, en particular con aquellas que favorezcan una prestación próxima de servicios y permitan avanzar hacia territorios de 30 minutos». Para este apartado basado en el minutaje debería faltarle tiempo para hablar con su compañera la ministra de Transportes Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez, que tiene paralizadas infraestructuras en Castilla y León. Por ejemplo, los tramos de la Autovía del Duero; la León Valladolid, cuyo impacto ambiental ha dejado caducar o la A-66 que ayudaría a sacar del aislamiento a uno de los territorios más castigados, como es El Bierzo, y conectarlo con el sur de Galicia.