UGT justifica sus 54 despidos por la caída de 3,2M€ en ayudas de la Junta
El sindicato tiene previsto acumular pérdidas superiores al millón de euros con la finalización de las subvenciones que comprometen su situación económica
Manuel Carlos Martín, secretario de administración de UGT CyL, Faustino Temprano, y Óscar Lobo.
UGT Castilla y León presentó un expediente de regulación de empleo con el que un total de 54 trabajadores del sindicato resultarán afectados debido a la extinción de los tres programas suprimidos por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, relativos a orientación laboral, tanto para desempleados (PROA) como para ocupados (OTO), y prevención en riesgos laborales. Según el informe que justifica las causas del despido colectivo y al que ha tenido acceso este periódico, se expone la supresión de las dotaciones presupuestarias para el 2023 por parte de la Junta de Castilla y León con su plan de recorte en las partidas públicas entregadas a los agentes sindicales. En ella se detalla, la evolución de la reducción económica de los programas financiados por la Junta, donde el importe del total de las subvenciones se vio reducido de 3.289.798,76 euros en el periodo 2021-2022 a 1.891.735,66 euros en el pasado mes de marzo, antes de anularse su importe para 2023.
Así, el desglose de las subvenciones que desaparecen es de 1.210.602,66 euros del programa de PROA y 681.133 euros del de Riesgos Laborales. Mientras que en 2022, dejaron de estar en vigor los programas de OTO, Migraciones y Plan de Empleo por motivos imputables a la Administración de Castilla y León.
«Por todo ello, la actividad de dichos programas debe finalizar con la finalización de la subvención», señaló el sindicato en su memoria. La extinción, entonces, ha afectado a un total de 54 trabajadores, frente a los 76 previstos inicialmente.
Respecto a los afectados, un 98% corresponden a técnicos de grado superior y un 2% administrativos, que suman 54 personas que salen de una plantilla total de 188, es decir, el 28 %.
«Las cifras arrojadas acreditan una especial agravación, representada por las progresivas pérdidas y la disminución de ingresos. Esta disminución es persistente desde 2020, y sobre todo definitivamente insalvable, desde un punto de vista económico», añaden ante su previsión para el año 2023, con unas pérdidas superiores al millón de euros. El recorte de financiación progresiva obligó, según UGT, a tener que adoptar medidas de reestructuración que pasan por la amortización de puestos de trabajo.
Las causas económicas en el despido colectivo derivaron a causas organizativas para evitar un sobredimensionamiento del personal laboral y, consecuentemente, del coste laboral. Por ello, para lograr una mejor coordinación de los servicios, cuadros sindicales, federaciones y secretarías que posibiliten un reajuste adecuado de los servicios, el sindicato llevará a cabo una reordenación de secretarías; una reestructuración organizativa mediante el cierre de algunas sedes comarcales; mayor centralización de los servicios en las capitales de provincia; en las sede; reorganización con el personal trabajador imprescindible pero suficiente en las sedes donde haya un exceso de plantilla; asumir estructuras de personal trabajador que puedan dar servicio a Federaciones afiliadas; mantener una estructura mínima de un agente sindical, un abogado y dos administrativos en sedes provinciales; en las sedes comarcales, los puestos de trabajo se reducirán a uno; y el ajuste será proporcional según el número de necesidades sindicales en el caso de agentes sindicales y del volumen de dimensión del servicio.
En la rueda de prensa ofrecida por Faustino Temprano, secretario general de UGT Castilla y León, destacó el «esfuerzo» de la organización y, sobre todo, de su plantilla, para cerrar este acuerdo, que va ligado a una congelación salarial en 2023.
El dirigente sindical remarcó que el acuerdo mejora en un 38% las indemnizaciones legalmente establecidas de 20 días por 12 mensualidades, elevándolas a 25 días, en 14 mensualidades. Asimismo, constató que el sindicato se compromete a reincorporar al personal afectado si se reanudaran los programas, informó Ical.
«La nueva reorganización funcional permitirá reducir prácticamente el nivel de pérdidas soportadas en las condiciones actuales de funcionamiento, al mantener la estructura operativa necesaria y adecuada para atender la actividad en mejores condiciones de rentabilidad», sentenció el sindicato.