Castilla y León exige al Gobierno que convoque a las comunidades en 48 horas ante la descoordinación en la llegada de inmigrantes

Aluvión de críticas ante la actitud del Gobierno de España con el realojo de los inmigrantes llegados en cayucos a Canarias. El paradigma de la situación está en el Balneario de Las Salinas de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, donde el pasado martes llegaron 183 de estas personas, originarias de países subsaharianos, y el jueves otros 67 hasta un total de 250. Llegaron a la villa sin que ni siquiera el alcalde de la localidad, Guzmán Gómez, conociera ese realojo ni el más mínimo detalle. La Delegación del Gobierno en Castilla y León no dio ninguna explicación hasta la mañana del miércoles, y las explicaciones que dio no satisficieron las dudas planteadas.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se ha sumado en la mañana de este viernes a la petición trasladada este jueves por la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y exigió la convocatoria «urgente» de la Conferencia Sectorial de Inmigración para “coordinar y organizar” la llegada de este colectivo, para la que dio un plazo de 48 horas al Ejecutivo central. De no hacerlo, la Junta reclamará por escrito este encuentro entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Blanco, que presidió el acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos de su departamento, condenó “profundamente” la actitud del Gobierno con Castilla y León por “no informar” de la llegada de los migrantes. De hecho, prosiguió, “ha llegado alguno más y tampoco lo han comunicado”. “Nos hemos enterado a posteriori. Sabemos que es la manera habitual de actuar del Gobierno. No es la primera vez que actúa con deslealtad y oscurantismo en estos temas”, criticó la consejera, quien afeó al Ejecutivo que “venga a dar lecciones” sobre este tema cuando desde 2018, y tras la crisis humanitaria de Afganistán y Ucrania, no ha convocado a las comunidades a una Sectorial, informa Ical.

«Queremos saber cuántos van a venir, cómo lo van a hacer, planificar los recursos y que nos cuenten su política migratoria. No pueden seguir siendo desleales como hasta ahora. Son competencias ministeriales, pero a esas personas hay que darles una atención social, sanitaria y educativa en el caso de que hubiera menores, o tutelas si hay menores no acompañados, que son competencia de la Comunidad, y que es necesario organizar y coordinar», insistió blanco, quien mantuvo que la posición de la Junta es de «solidaridad» como «tierra de acogida».

La consejera recordó que en las crisis humanitarias anteriores su departamento se ha reunido «permanentemente» con la Delegación del Gobierno y aseguró que desconoce «por qué esta vez no se avisó para organizar correctamente la llegada de estas personas». A día de hoy, el papel de la Consejería con este grupo es la «actuación sanitaria e identificar si ha venido algún menor no acompañado», que pasaría a ser tutelado por la Junta.

En casos anteriores, prosiguió Blanco, «se organizaba, se decía las personas que iban a venir, adultos, familias, menores… como fue el caso de Ucrania». También, con el objetivo de buscar recursos educativos «con un curso iniciado». «En este caso no ha habido ningún aviso hasta que han llegado a Medina del Campo. Nos hemos enterado al día siguiente cuando las personas ya estaban instaladas», denunció, y expresó que su departamento «quiere mejor atención para esas personas».

A su juicio, cuando se habla de que Castilla y León «es una tierra solidaria, de acogida, implica atender a unas personas que huyen de situaciones tan difíciles como las que tienen estas personas». De ahí, reiteró, que sea «importante que exista esa coordinación, colaboración y lealtad entre las administraciones; y el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, no la está teniendo».

Posición de la Junta

Cuestionada por la posición de la Junta en esta materia, tras las declaraciones pronunciadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, en la noche del miércoles en Medina del Campo, la consejera invitó a escuchar las palabras del portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno de este jueves, en las que «dejó clara cuál es la posición de la Junta». «A esas declaraciones me remito y comparto», zanjó.

También aprovechó la comparecencia para responder a los grupos políticos que han criticado la «tibieza» a la hora de conocer esa postura, sobre lo que Blanco insistió en la «solidaridad de la Junta, atendiendo a esas personas migrantes desde el punto de vista sanitario y social y educativo si hubiera algún menor». «Eso no es tibieza, eso es la realidad, eso es actuar. Lo que criticamos es la deslealtad, que no avisen, los recursos no se puedan organizar. Es la forma habitual de actuar del Gobierno de Sánchez», afeó.

Descoordinación

Por otra parte el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha asegurado que la descoordinación y falta de información con la llegada de los migrantes es culpa del Gobierno de Pedro Sánchez. «No es normal que, a estas alturas, en un país inmigrante como es España no tengamos un protocolo de actuación correcto para que, ante determinadas crisis, todas las administraciones sepan qué hacer y cómo hacer», aseveró en declaraciones que recogió Ical. González Gago denunció la «falta total de coordinación y comunicación» por parte del Gobierno de España con la llegada de migrantes a diferentes localidades de la Comunidad y otros territorios del país.

«A veces, se generan problemas por esa falta de información y coordinación. Determinados movimientos de personas pueden afectar a los servicios públicos que prestamos y requerimos de unos apoyos, ayudas e infraestructuras que deben estar preparadas, además del lugar donde se alojan», añadió.

Preguntado por el vídeo grabado el pasado miércoles por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien proclamó su rechazo a la «invasión migratoria» después del realojo de 183 migrantes en el balneario y asegurar que «sin seguridad no hay libertad», González Gago se remitió a las declaraciones del portavoz del Ejecutivo regional, Carlos Fernández Carriedo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.