El Procurador del Común urge ayudas directas y alivio fiscal para las tiendas rurales por su «función social»

Las tiendas en los pueblos son mucho más que un mero proveedor de vituallas. Son un lugar de encuentro, a menudo el único, entre los vecinos de una localidad, igual que el bar, la puerta de la iglesia a la salida de la misa dominical o la sala de espera de los consultorios médicos, todos ellos espacios en riesgo de extinción. Como «elemento relevante para el mantenimiento de la vida social en los pueblos», el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, propone a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo 19 medidas para proteger estos establecimientos en el medio rural. Actuaciones concretas que de verdad permitan ‘blindar’ lo que también es un «servicio básico» de «enorme trascendencia para la vida de nuestros pueblos».

En una actuación de oficio, el ‘defensor del pueblo’ reivindica el comercio de proximidad no sólo como suministrador de alimentos y demás productos de primera necesidad y como dinamizador de la actividad económica y el empleo, factores que ayudan a frenar la pérdida de población. También cumplen una «función social», en especial entre la población mayor, como «espacios de socialización que favorecen el intercambio de opiniones y el mantenimiento y desarrollo del trato personal, lo que sin duda tienen una repercusión muy positiva en la calidad de vida de la población». Lo resume con una conocida «hipérbole» que dice que «un pueblo sin tienda es un pueblo sin corazón».

La pérdida de población es una pescadilla que se muerde la cola: los vecinos no tienen donde comprar porque, al ser pocos, no hay clientes. Y, entonces, la tienda no es rentable y cierra. O el tendero, llegada la edad de jubilación, no encuentra relevo para traspasar su negocio porque no hay población activa en el lugar.

Los hábitos de consumo tampoco han ayudado en los últimos años porque una pequeña tienda no puede competir con las grandes y medianas superficies ni con Amazon u otras plataformas de venta por internet, ni en precio ni en variedad de oferta, ni en facilidades para el pago o la devolución de las compras, «circunstancias que pueden empujar a los consumidores a alejarse del comercio de cercanía», constata el Procurador del Común. Otra dificultad añadida es la estacionalidad del consumo, en ocasiones limitado a los meses de verano.

Todos estos obstáculos «han provocado en los últimos años el cierre de muchas de tiendas en el medio rural», dejando sin ocupar, incluso, los puestos de los mercados municipales. Y ante esta situación «es de vital importancia promover medidas enfocadas a garantizar la pervivencia de la actividad comercial en las localidades menos pobladas», iniciativas «que modernicen y transformen el modo de hacer comercio».

PLAN DE REACTIVACIÓN

Considera Quintana necesario «un plan general de reactivación para relanzar la actividad comercial que se desarrolla en las pequeñas localidades». Y esa es su primera propuesta. Si bien es cierto que la consejería de Industria y Comercio elabora en la actualidad una nueva Estrategia de Comercio que aborda el comercio en el medio rural, ese documento es, a juicio del Procurador del Común, «una oportunidad» para analizar sus necesidades y, «sobre todo, para aportar soluciones a los problemas que aquejan a este sector de la actividad». Es decir, ya sea dentro o en paralelo a esa Estrategia de Comercio que se está elaborando, reclama un plan con actuaciones específicas para las tiendas del medio rural.

AYUDAS DIRECTAS E IRPF

Pone sobre la mesa la concesión de «ayudas directas para sufragar gastos corrientes ante la actual coyuntura económica, como los derivados del consumo energético (electricidad, gas y gasoil), de comunicación y de abastecimiento de agua, generados directamente por la actividad comercial en localidades de menor población y donde su mantenimiento se encuentra en riesgo». Además, propone medidas de alivio fiscal. «La función que cumple el comercio rural y las dificultades de pervivencia podría justificar una reducción del tramo autonómico del IRPF a los establecimientos comerciales ubicados en pequeñas localidades», sostiene.

Pide también «medidas de apoyo a la venta ambulante o no sedentaria que se realiza en los pueblos en mercadillos de celebración periódica o camiones-tienda por la función social que cumplen al facilitar abastecimiento de productos en muchas localidades, considerando también su repercusión sobre el comercio sedentario en aquellos lugares en que exista».

DIAGNÓSTICO OBSOLETO

Otra propuesta es renovar el diagnóstico de la situación. El departamento de Mariano Veganzones recuerda que la Dirección General de Comercio y Consumo realizó en 2017 un estudio sobre el ‘Abastecimiento en el medio rural de Castilla y León’ para señalar en el mapa las zonas con problemas de suministro y localizar los nichos de mercado. Seis años después, sin embargo, esa ‘foto’ ha quedado obsoleta, por el tiempo transcurrido y por el cambio de escenario a raíz de la pandemia. «Parece oportuno que esa Consejería» elabore «un nuevo diagnóstico de situación actual del abastecimiento comercial en el medio rural de la Comunidad», sostiene la resolución.

BÚSQUEDA DE RELEVO

Otra medida consiste en elaborar «un censo de establecimientos a punto de cerrar en el ámbito rural» con el fin de «dar a conocer y facilitar el acceso al sector a emprendedores, especialmente jóvenes». La idea consiste en crear «una bolsa de empresas» para evitar el cierre de un establecimiento por falta de relevo generacional.

GANCHO TURÍSTICO

Dada la vinculación que el comercio puede tener como atractivo para los visitantes, se plantean «medidas que permitan conservar aquellos establecimientos comerciales situados en el medio rural que reúnan condiciones que les conviertan en lugares con interés turístico por su antigüedad, tradición, valor artístico, originalidad, decoración, etc». Estos establecimientos, indica, pueden tener «un valor histórico o artístico al constituir un testimonio vivo del pasado».

Además, propone reforzar las «sinergias del comercio rural con el turismo» a través del apoyo a los municipios «para la organización de ferias locales y mercados tradicionales, exposiciones u otros eventos de carácter comercial y lúdico», en cuanto pueden incrementar la afluencia de visitantes, «con efectos beneficiosos para ambos sectores».

Reivindica a la «importancia de los mercados o plazas de abastos municipales por su interés desde el punto de vista comercial, en incluso, por el atractivo que puedan tener, adoptando medidas que faciliten su reforma y mejora». Y que se preste una especial dedicación al comercio en los municipios situados en el Camino de Santiago.

OBJETIVOS MÁS AMBICIOSOS

El Común es partidario de «intensificar los esfuerzos, en la línea de lo que ya se vienen realizando, para vincular el sector comercial rural con los sectores agrícola y ganadero con objeto de crear redes de comercialización y distribución de productos autóctonos en cada zona». Reclama más coordinación entre la Consejería de Industria y la Agricultura y recuerda que el comercio en zonas rurales a menudo da salida a productos elaborados en el entorno geográfico.

En este sentido, reclama también más apoyo desde la Administración para las mejoras de los establecimientos comerciales, «con objetivos incluso más ambiciosos que los previstos en la Orden de 18 de agosto de 2023, de la Consejería de Industria, por la que se convocan subvenciones dirigidas promover la comercialización y garantizar el abastecimiento en el medio rural de la Comunidad de Castilla y León».

PREMIOS ANUALES

«Que se valore poner convocar anualmente premios que reconozcan la importancia de esta actividad comercial en el medio rural, en particular los esfuerzos innovadores de sus titulares», es otra de las iniciativas. También «que se realicen campañas de sensibilización sobre la importancia del comercio rural, en coordinación, en su caso, con las Diputaciones provinciales y los propios municipios».

ASESORÍA Y FORMACIÓN

En cuanto a la formación del sector, plantea, como punto de partida, «elaborar un estudio para detectar las necesidades reales de formación de los comerciantes del medio rural» y poder ofrecer «programas de capacitación» apropiados.

De igual modo, propone «medidas para que los comerciantes que ejercen su actividad en el medio rural cuenten con asesoramiento profesional», orientación para realizar acciones de fidelización de la clientela y medidas para fomentar el asociacionismo comercial, para hacer frente a la competencia exógena.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

«Ofrecer incentivos» desde la Administración para «eliminar las barreras de acceso a los establecimientos, dado que «por su antigüedad muchos no resultan accesibles», en particular para personas de mayor edad.