La Fiscalía archiva la denuncia de la SGAE contra algunos socios por infracción fiscal

La Fiscalía Provincial de Madrid ha acordado el archivo de las diligencias de investigación abiertas a raíz de una denuncia presentada el pasado 22 de enero por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra algunos de sus socios por una supuesta infracción fiscal con los derechos de autor y remite la causa a la Agencia Tributaria. Entre ellos estarían Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés."Deberá procederse al archivo de las diligencias de investigación cuando el hecho no revista carácter de delito o por falta de elementos suficientes para mantener su perpetración", señala la Fiscalía, que, pese al archivo, ha remitido la denuncia a Hacienda por si se pudiera derivar alguna infracción tributaria.Según la denuncia, los servicios jurídicos de la SGAE habían detectado que algunos de sus socios cedían sus derechos de autor en favor de una cesionaria y una editorial, que se convertían en los nuevos titulares de los derechos de autor y, por tanto, en nuevos socios de la SGAE tras su alta correspondiente.A continuación, la cesionaria y la editorial firmaban un contrato de administración con una gran editorial para la gestión, administración y representación del total de los derechos de autor.FACTURAS FALSEADASPara los servicios jurídicos de la SGAE "en ningún caso se producía la cesión de los derechos de autor de la cesionaria y editorial a la editorial administradora sino que los contratos de administración se materializaban con la creación de dos entes sin personalidad jurídica propia, nuevos socios de la SGAE, que sin embargo operaban con el CIF de la editorial administradora".Así, el autor solicitaba seguidamente a la SGAE que confeccionara facturas emitidas por los entes sin personalidad jurídica y no por la cesionaria y editorial (socios titulares de los derechos).Esta actividad, a juicio de la SGAE, podría suponer que se estuviera cometiendo una infracción tributaria por incumplimiento de las obligaciones de facturación o documentación, que a su vez podría tener trascendencia penal.Es más, entendía que a través de dicha actividad se estarían emitiendo facturas con datos falseados, puesto que el emisor de las facturas no coincide con el verdadero prestador del servicio, con derecho a percibir las liquidaciones correspondientes, y que a través del modo de facturación descrito, se podría estar intentando ocultar frente a la Administración tributaria a los verdaderos beneficiarios de las liquidaciones por derechos de autor y con ello la tributación que pudiera corresponder.Pese a todo "solamente se menciona a un autor, que estaría llevando a cabo la operativa descrita", recuerda la Fiscalía. La SGAE señala igualmente que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de administración desleal, dado que algunos de los miembros de la Junta Directiva de la SGAE son al mismo tiempo directivos de las editoriales administradoras que firmaban los contratos de administración con las sociedades interpuestas y crearon entes sin personalidad jurídica desde los que percibir los rendimientos de derechos que no les correspondían, o de delito de frustración en la ejecución.SIN DECLARACIONES TRIBUTARIASLa Fiscalía afirma en su escrito que en cuanto a la supuesta comisión del delito fiscal "no constan las declaraciones tributarias presentadas por los autores ni por las entidades cesionarias de sus derechos de propiedad intelectual". Incluso subraya que ni siquiera "consta si las facturas emitidas del modo descrito se han llegado a utilizar para ocultar la identidad del verdadero beneficiario de las liquidaciones por derechos de autor y por tanto obligado tributario, con la finalidad de minorar la tributación que les pudiera corresponder" o que se precise en dicha denuncia "en qué cuantía se hubiese podido cometer, en su caso, el delito fiscal".En cuanto a la responsabilidad de los directivos de la SGAE (que lo eran al mismo tiempo de las entidades administradoras a tenor del escrito de denuncia) que supuestamente contribuyeron al diseño de una estructura societaria a través de la cual se emitieron las facturas correspondientes a la liquidación de los derechos de autor, todo ello con la finalidad de contribuir a la defraudación tributaria, aclara que "tampoco resulta mínimamente acreditada, al no constar ninguno de los extremos".