FÚTBOL / Segunda
El Burgos CF acelera en la querella contra Caselli
El club exige la justificación de 1.1 millones de euros que no constan en la contabilidad o que no llegaron a su destino, además de profundizar en otros movimientos realizados entre 2019 y 2021
La sombra de Caselli es alargada y su gestión en el Burgos aún dará que hablar. La entidad todavía hace frente al agujero económico dejado por el argentino y trabaja en la querella presentada para que este responda y justifique varios movimientos realizados entre 2019 y 2021.El abogado y secretario del consejo, Diego Velázquez, explicó algunas pinceladas de las acciones tomadas contra Caselli, sus hijos Antonio y Bruno, Fernando Cassina y Francisco Altemir.Velázquez señaló que existen dos contratos paralelos con el patrocinador del pasado curso, SR Investments Group. Esta empresa se comprometió a abonar 800.000 euros al club, inyección que debería haber llegado a través de la línea de crédito de 1.2 millones firmada con la empresa de Caselli, Football Success Case. «La cantidad se manifiesta recibida, pero no consta en la contabilidad del club», señala.Además, existe un contrato de préstamo con el CD Badajoz del 28 de diciembre de 2020 por valor de 180.000 euros. «Solo aparece un ingreso 33.800 euros» por parte de la empresa accionista mayoritaria del club pacense, el cual reclama ahora por burofax el dinero.Velázquez también hizo referencia a lo ocurrido en la campaña de abonados del curso 2020-2021. Los 6.138 abonados registrados debían haber dejado unos ingresos de 673.368 euros y «solo quedan reflejadas 552.985 euros». Así, hay otros 120.000 euros que no están en las arcas del club, mientras que se retiraron 34.100 euros de venta de merchandising «sin justificar su salida».El abogado, incluso, destacó que tampoco han llegado a su destino cantidades recaudadas por la Fundación para diversas entidades como la Asociación Contra el Cáncer (1.350 euros), Autismo Burgos (595 euros) o la Asociación de Enfermos de ELA (120 euros).En total, el Burgos CF exige la justificación de 1.102.747 euros sin ingresar, sin olvidar «una serie de compromisos adquiridos por el antiguo consejo a sabiendas de que no iban a cumplirse». Por último, Velázquez hizo hincapié en el agujero generado de más de 1.5 millones de euros en varios procedimientos judiciales «en los que o no se ha contestado a la demanda o no se ha presentado a los juicios».