Trump despide a la fiscal general por desafiar su veto

Donald Trump despidió anoche de forma fulminante a la fiscal general del Estado después de que esta diera instrucciones a sus abogados para que se nieguen a defender en los tribunales el controvertido decreto que ha prohibido temporalmente la entrada en el país a los refugiados y a los ciudadanos de siete países musulmanes. La decisión llegó apenas dos horas después de que la fiscal Sally Yates, quien ocupaba el cargo de forma interina y debía ser remplazada esta misma semana, expresara sus dudas sobre la legalidad del veto presidencial y actuara en consecuencia. Pero el nuevo presidente, que mostró frecuentes tics autoritarios durante la campaña, ni siquiera ha esperado un día para sofocar la insubordinación de la máxima responsable de Justicia. Este episodio es una muestra más del malestar que están generando las políticas de Trump en las agencias encargadas de implementarlas y de la determinación de su gobierno para atajar sin contemplaciones todo conato de rebelión. En un comunicado, la Casa Blanca acusó a Yates de “haber traicionado al Departamento de Justicia al negarse a implementar una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”. Pero el texto no acaba ahí porque también la acusa de “ser débil respecto a las fronteras y muy débil en inmigración”, un lenguaje poco habitual cuando se trata de despedir a uno de los máximos funcionarios del Estado. Aupada en la judicatura por el presidente Barack Obama, Yates fue la número dos de Justicia hasta el pasado 20 de enero, cuando la Administración Trump le pidió que asumiera de forma interina la fiscalía hasta que el Senado confirme en el cargo al senador Jeff Sessions, el hombre que ha escogido para ocupar el cargo. Ese trámite podría culminar este mismo martes. Pero antes de despedirse, Yates quiso dejar constancia de su disconformidad con el giro en la política inmigratoria del nuevo presidente, un gesto más simbólico que otra cosa dado los días que le quedaban en el convento. “Yo soy responsable de asegurar que las posiciones que adoptamos en los tribunales siguen siendo consistentes con la solemne obligación de esta institución para buscar siempre la justicia y defender lo que es correcto”, escribió en una carta a los abogados de su ministerio. “Por el momento, no estoy convencida de que la defensa de esta orden ejecutiva sea consistente con esas responsabilidades ni tampoco de que el decreto sea legal”. Yates no está sola en la repulsa de una ley que ha reavivado las protestas en las calles y ha generado caos en los aeropuertos, frustrando temporalmente los sueños de miles de refugiados e inmigrantes con visado para viajar a EE UU. Desde el pasado viernes, según un documento interno del Departamento de Seguridad Interna obtenido por Reuters, se ha impedido subir al avión a 348 viajeros con visado estadounidense y a otros 200 se les prohibió entrar en el país después de aterrizar en su aeropuertos.Más de un centenar de diplomáticos y funcionarios del Departamento de Estado han firmado una circular interna para oponerse al veto, una medida que solo “incrementará el sentimiento antiamericano”, según dice la misiva. Tras hacerse público el documento, el portavoz de la Casa Blanca dijo ayer que todos ellos deberían recoger sus cosas y largarse si no están de acuerdo con los planes de Trump. “¿Tienen problemas con ello todos estos burócratas de carrera?”, dijo Sean Spicer. “Deberían aceptar el programa o marcharse”.Al nuevo fiscal general, un cargo que ocupara Dana Boente hasta que Sessions sea confirmado, le espera mucho trabajo para proteger el andamiaje que pretende levantar su jefe. Desde que Trump firmara el viernes el decreto inmigratorio, que castiga de forma arbitraria a cerca de 200 millones de personas al tratarlos como potenciales terroristas, cuatro tribunales federales de distrito han emitido medidas cautelares para frenar algunas provisiones de la ley. Todas han tenido un alcance muy limitado, pero los fiscales generales de 16 estados demócratas ya han anunciado que pretenden impugnar el veto de Trump en los tribunales al considerarlo “inconstitucional, contrario a los valores americanos e ilegal”