El pacto entre Italia y Libia maquilla pero no resuelve la tragedia migratoria en el Mediterráneo central

La crisis humanitaria y política que desgarra el Mediterráneo central está lejos de resolverse cuando se cumple (este viernes) un año del acuerdo entre Italia y el Gobierno libio de Trípoli, con el que Italia se situó en la avanzadilla de la Unión Europea (UE) para poner fin al flujo migratorio por vía marítima. En el 2017 hubo menos llegadas y menos muertos registrados, pero la ruta no se ha cerrado y las denuncias de violencia y tortura en los países de tránsito de los inmigrantes han aumentado. Empezando por Libia.

El acuerdo de Roma, al que luego siguieron los pactos con las milicias de Bengasi y, en marzo, con las tribus del sur de Libia, se firmó tras un año, el 2016, en el que la crisis migratoria había alcanzado uno de sus puntos álgidos, con 181.436 migrantes rescatados, según datos del Ministerio del Interior italiano. La situación produjo entonces un giro en el Gobierno del progresista Paolo Gentiloni, quien decidió rehabilitar las medidas del antiguo Tratado de Amistad del 2008, firmado entonces por Silvio Berlusconi y el dictador libio Muamar Gadafi.

Presión a las oenegés

Con ello, Italia prometió a Libia dinero y apoyo técnico a cambio de control migratorio. Y cumplió. En abril, Roma entregó a los guardacostas de Libia –país que nunca se ha adherido a la Convención para los Refugiados– las primeras cuatro lanchas patrulleras, pagadas con un fondo de 200 millones de euros también destinado a “campañas de información” y “desarrollo socioeconómico” de las comunidades libias y apoyo a los organismos de la ONU para las migraciones (OIM) y los refugiados (ACNUR). Asimismo, Italia ha entrenado a 153 guardacostas y militares libios.

Los libios anunciaron que se encargarían de los rescates en sus aguas territoriales y, con ello, en septiembre empezó la guerra entre las oenegés que actuaban en el Mediterráneo central e Italia. La misión europea Frontex, que también tiene barcos en la zona  —junto con otra misión de la OTAN y buques militares europeos—, acusó a las oenegés de acercarse demasiado a las costas libias e Italia les pidió firmar un código de conducta para reglamentar los rescates. Cuatro de las organizaciones se negaron a firmar, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), que poco después suspendió las operaciones. Otras oenegés tomaron la misma decisión poco después.

Crisis trasladada, no resuelta

“Ha sido un plan muy articulado para trasladar la crisis más al sur, a tierra firme, con el fin de restarle visibilidad”, dice Stefano Angenziano, coordinador de operaciones para los proyectos de migración de MSF. Organización que, como todas las demás oenegés que operan en el Mediterráneo, ha denunciado reiteradamente la actuación de la Guardia Costera libia, por el rescate en el mar con métodos poco ortodoxos de unas 200.000 personas en el 2017, según cifras de Amnistía Internacional (AI).

Uno de los últimos incidentes ocurrió en noviembre, cuando la oenegé Sea Watch denunció maniobras libias para impedir a un grupo de inmigrantes subirse a un bote de emergencia. La operación acabó con cinco fallecidos. La embarcación usada por los libios era la 'Ras Jadir', una de las donadas por Italia a las autoridades norteafricanas, sobre las que además también pesan acusaciones de complicidad con los traficantes. En paralelo, saltó el escándalo de los mercados de esclavos en Libia.

Ahora, desde Túnez

“Además de inhumano, en el plan italiano anida el riesgo de ser ineficaz a largo plazo, pues en Libia el control de una u otra zona cambia constantemente de manos. Todo depende del dinero”, dice Riccardo Noury, portavoz de AI. Con este argumento se han criticado también los acuerdos con las tribus, destinados a blindar la frontera meridional del país, a lo que siguió la decisión de Italia en diciembre de activar una misión militar en Níger, cuyo fin parece precisamente no asentar toda la estrategia en Libia.

Así las cosas, si bien en el 2017 la cifra de personas llegadas por mar bajó hasta las 119.369 (el 34% menos que el año anterior), este enero llegaron 4.256, apenas 200 menos que el año pasado. Un tercio de ellas provenían de otros países del norte de África, en particular de Túnez.