Polémica en un pueblo italiano por unos trámites que discriminan al inmigrante

Ya son 150.000 euros y van a más. Es cuanto hasta ahora han enviado desde toda Italia cientos de anónimos ciudadanos a Lodi, la ciudad de la región de Lombardía que, año sí y año no, ocupa el primer lugar en la lista nacional de las ciudades donde hay la mejor calidad de vida. La suma es para que 200 hijos de inmigrantes, nacidos en Italia, cuyos padres llevan hasta 30 años en el país y pagando los impuestos, puedan pagar la tarifa más baja del comedor escolar. Se trata de 1,20 euros por día, en lugar de 6.Todo surgió el pasado  22 de septiembre, al inicio del curso escolar, cuando una ordenanza de la alcaldesa, Sara Casanova, del partido la Liga, estableció que para disfrutar de las ayudas sociales escolares era necesario presentar cada año unos certificados sobre las propiedades que poseen las familias de inmigrantes en sus países de origen.Según la nueva norma, la documentación debía proceder de una instancia oficial y certificar asimismo que no poseen dinero en sus respectivos países. Una medida que se emplea para los italianos, si bien, en los casos en que se alegue que no se pudieron conseguir los certificados el municipio acepta un folio escrito a mano con una autocerficación. La nueva ordenanza de Lodi excluye esta posibilidad para los hijos de inmigrantes."Quienes quieran tarifas subvencionadas tienen que traer la documentación pedida, como todos, con mayor razón si quieren integrarse, ¿algún esfuerzo deberán hacer no?", expuso la alcaldesa. El presidente de la autonomía, Attilio Fontana, apoya a Casanova.SOLIDARIDAD

 La mecha ha prendido fuego en todo el país. De norte a sur llamaron alcaldes para ofrecerse a ayudar económicamente a los hijos de los inmigrados de Lodi. La minoría de izquierdas –la única oposición que existe—se volcó con el caso. La sociedad civil y la asociación de abogados para los inmigrantes (ASGI) también. Los mismos deberes, una asociación de la sociedad civil de Lodi, apoya también a los inmigrados. "Yo aplico la ley", se limita a repetir la alcaldesa.Sin embargo, la mayoría de gobierno no es compacta. Roberto Fico, presidente del Congreso por parte del movimiento indignado, ha dicho que frente a una discriminación semejante "hay que pedir disculpas y que estos niños puedan volver tranquilamente al comedor". "Los niños no se tocan, si algunos padres no se comportan bien, se les multa, pero no a sus hijos”, escribió Luigi di Maio, vicepresidente del Gobierno en representación de los indignados."Los inmigrados regulares y de bien, son bienvenidos y son mis hermanos; no lo son los que fingen ser pobres, no pagan los impuestos y reciben subvenciones públicas para gritar después que se trata de racismo", declaró Matteo Salvini, también vicepresidente del Ejecutivo por la Liga. Ha prometido visitar a la "valiente" alcaldesa, a la que Maurizio Martina, secretario de los progresistas ha realizado una pregunta incómoda: "¿Duerme tranquila? ¡A qué nivel de mezquindad hemos llegado!".EXCEPCIONES

Desde este curso, los hijos de los locales almuerzan en el comedor escolar y los de los foráneos en otra sala, con la fiambrera traída de casa. Eso si llegan a la escuela, porque tienen realizar el trayecto andando, como si estuvieran en su África de origen. El bus sin rebaja sale por 255 euros. Los únicos que están liberados de presentar dicha documentación son los inmigrantes procedentes de países en conflicto, como Afganistán, Libia, Siria y Yemen. En el municipio explican haber consultado al Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer si hay otros países en esa situación, pero que no han recibido respuesta. Entonces han consultado a la IHS Market, sociedad de Londres, que evalúa los riesgos comerciales para invertir en países con riesgo, sin explicar qué tiene que ver con los comedores escolares de Lodi.Un ciudadano egipcio llamado Saber ilustra que para el primer hijo el ayuntamiento de Lodi le pide 320 euros al mes, 110 para el segundo y 95 para el tercero. Su sueldo es de 800 euros al mes, como el de muchos italianos. Mohammed, en cambio, tiene un solo hijo, que se trae la comida de casa. Los directores del complejo escolar se han planteado la compra de neveras para guardar las fiambreras personales. Dado que la ley afirma que la posibilidad de autocerficar la situación patrimonial vale para italianos y extranjeros, los abogados de ASGI han presentado recurso ante un tribunal civil. Sin embargo, apenas tres días atrás y como respuesta al clamor popular e internacional contra la discriminación en Lodi, el ayuntamiento ha extendido la autocertificación también para los inmigrados.