Un año del Código de Buenas Prácticas

Se ha cumplido un año desde la puesta en funcionamiento del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria. La percepción general en el sector es que este sistema de autorregulación, que establece unos compromisos generales a asumir por los operadores en los contratos y acuerdos comerciales, supone «mayor transparencia», aunque «queda camino por recorrer. Así lo cree el presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, que echa de menos a algunas empresas en este acuerdo voluntario, y las que están, afirma, a veces dan muestras de «incoherencias», que «se salen de lo pactado».La realidad, para el coordinador general de COAG, Miguel Blanco, es que el compromiso de la distribución se ha quedado «corto» respecto a este Código, si tenemos en cuenta la sola presencia de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, y alguno de sus socios principales como es el caso de Mercadona.No hay que olvidar que los operadores económicos que se adhieren al Código se comprometen a aplicar, de forma voluntaria, prácticas mercantiles que fomenten unas relaciones «justas» y «leales» entre los operadores de la cadena alimentaria.Las organizaciones agrarias siguen demandando una aplicación «rigurosa» de la Ley de la Cadena para evitar las posiciones de dominio y los «abusos» que, insisten, se siguen registrando en las relaciones actuales. Hasta el momento 78 entidades, entre empresas y asociaciones, se han adherido al Código de Buenas Prácticas.Para COAG, la autorregulación es necesaria, pero no es suficiente, por eso creen que hay aspectos que deben «mejorarse». Y en este sentido, junto a ASAJA y la UCCL, piden ir «más allá» y avanzar en cuestiones esenciales como la venta a pérdidas, los productos reclamo, los plazos de pago, la mediación, el control y las sanciones. De no ser así, aseguran, el Código corre el riesgo de convertirse en un mero «acuerdo de voluntades» o, peor, «papel mojado».El coordinador general de COAG denuncia que la mayor parte de las transacciones agrarias se hacen sin contrato», a pesar de que la norma es muy clara en este aspecto. De igual forma, lamenta el incumplimiento de los plazos de pago y la falta de un «control efectivo» en la venta a pérdidas.

Una opinión que comparten el resto de organizaciones. El presidente de ASAJA señala que hay una «división» entre el Ministerio y las comunidades en relación a las competencias que impide una mayor vigilancia y control. «La venta a pérdidas sale rentable aunque sea objeto de sanción», en opinión del coordinador de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, que denuncia que «no hay un seguimiento de estas ofertas», ni un «escarmiento» oportuno, a pesar de valorar la labor del AICA, la Agencia de Información y Control Alimentario.COAG, ASAJA y UCCL creen que hay que «dar una vuelta» a la Ley de la Cadena y «hacer las cosas bien». Blanco apunta al 2017 como el año «decisivo» para avanzar en esta materia. De hecho, esta organización ya se ha puesto en contacto con los grupos políticos a los que han traslado su propuesta y posibles modificaciones. Esta organización reclama que el Código de Buenas Prácticas vaya más allá de la Ley para ser «eficiente». Creen, en este sentido, que sería necesario mejorar los sistemas de control y sanción del Código «para que tenga un cumplimiento real y efectivo».De forma general, el Código es analizado por el sector como un «buen» sistema que aporta transparencia y equilibrio a las relaciones en la cadena alimentaria, aunque piden que se mejore. Al mismo tiempo, se confía en que las empresas de distribución que aún no se han adherido, se sumen «lo antes posible», en palabras de ASAJA.Para la ministra, Isabel García Tejerina, este sistema es «contribuye a un mayor equilibrio de la cadena, y a tener un sistema fuerte y cada vez más competitivo».Al detalle¿Qué es el Código? Es una forma de autorregulación de los operadores de la Cadena Alimentaria de carácter voluntario. Pueden adherirse, mediante una solicitud por escrito, tanto los operadores como sus asociaciones u organizaciones representativas.Ventajas. El operador podrá usar la mención ‘Acogido al Código de Buenas Prácticas’ y el Ministerio tendrá en cuenta la inscripción en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones que se promuevan en relación con la cadena alimentaria.Obligaciones. Los operadores se comprometen al cumplimiento de todos y cada uno de los Principios de Buenas Prácticas. El Código es de aplicación uniforme en todo el territorio español.Conflictos. Las empresas adheridas cuyo tamaño sea superior al de Pyme deberán diseñar y publicar un procedimiento interno de resolución de conflictos, con una función equivalente a un ‘defensor del cliente y del proveedor’. Si continúan las discrepancias, la resolución se someterá a un sistema de mediación o de arbitraje . Las pymes están exentas de desarrollar el procedimiento interno.Sanción. Si se constata el incumplimiento de los compromisos, el Ministerio podrá proponer la suspensión temporal o la exclusión definitiva de la empresa u organización.