El Gobierno se compromete ahora limitar los aforados "en el momento que sea posible"

El Gobierno sacará adelante dos de sus leyes estrella anticorrupción, comprometidas por el presidente Mariano Rajoy, con el único apoyo en la Cámara baja de CiU. El resto de la oposición considera que los proyectos de ley del alto cargo y la de financiación de partidos se quedan cortas y son solo un "maquillaje" que utiliza el Ejecutivo para trasladar a la sociedad la lucha contra los comportamientos ilícitos en política, por lo que han repartido sus votos entre el 'no' y la abstención.La sorpresa en la reunión de la comisión constitucional del Congreso ha sido la oferta del PP de limitar el número de aforados, no en los textos que a los que este miércoles se da luz verde, pero sí "en el momento en el que sea posible". La eliminación de esta figura de protección para los cargos políticos requeriría la modificación constitucional y de los estatutos de autonomía, argumento que el PP ha esgrimido hasta el momento para abordarla más adelante. Aun así, los populares no cierran la puerta ahora a esa reducción, un cambio de actitud que se interpreta como un guiño al PSOE, cuando ambas formaciones tienen abierta la negociación para pactar la reforma del Código Penal y el proyecto de ley para perseguir el terrorismo yihadista.La oferta la ha puesto sobre la mesa el secretario general del grupo popular, Antonio Bermúdez de Castro, recogiendo la promesa que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo en el pleno del Congreso el pasado 27 de noviembre.ALTO CARGOAforados al margen, la comisión constitucional ha aprobado este mediodía la aprobación de la ley del alto cargo y su remisión al Senado. Esta nueva norma establece el concepto de honorabilidad para acceder a puestos superiores de la administración general del Estado, restringe el uso de los vehículos oficiales y establece un mínimo de 2 años para que un alto cargo pueda incorporarse a una empresa privada del mismo ámbito en el que ha ejercido en su función pública, tras su cese. Este periodo de bloqueo de las determinadas "puertas giratorias" han sido el centro de las críticas de la oposición. El PSOE, que ha votado en contra, aspiraba a que ese periodo de carencia se ampliase a 5 años. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha acusado a los socialistas de mantener un doble discurso y de proponer ahora medidas populistas que fueron rechazadas hace un año."El PP no ha querido llegar a un acuerdo", ha acusado el portavoz socialista en la comisión Constitucional, Antonio Pradas, que ha lamentado la “ocasión perdida” de profundizar en las exigencias a los altos cargos de la administración general del Estado en un momento de máxima desafección ciudadana.CiU, que ha votado a favor, destaca que esta ley es solo de aplicación en las administraciones estatales. Su portavoz, Montserrat Surroca ha subrayado que la recién aprobada Llei de la Transparencia en el Parlament "es más exigente que la normativa estatal". El único es que la nueva normativa no incluye la regulación de los lobbies, crítica a la que también se suma IU y ERC. El portavoz republicano, Joan Tardà, considera que la ley "se queda muy corta" y echa en falta también un recorte más exhaustivo del uso de los vehículos oficiales, y justificación de dietas y viajes. El diputado Joan Josep Nuet, de IU, ha acusado al Gobierno de hacer una ley que solo contiene "maquillaje, propaganda y engaño" y ha lamentado que no se incluya la regulación de lobbies en el Ejecutivo.FINANCIACIÓN DE PARTIDOSLa comisión constitucional también ha aprobado la remisión al pleno de la ley de financiación de partidos políticos, que será debatida la próxima semana, con el voto a favor de CiU y la abstención del PSOE.El texto incluye la reducción del 20% de las subvenciones públicas a los partidos para el envío de propaganda electoral, la prohibición de donaciones empresariales a los partidos y la limitación a 50.000 euros de las aportaciones de personas físicas -la mitad de lo permitido hasta el momento-. La reforma también prevé un mayor control de la actividad financiera de las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas, que serán fiscalizadas de forma más exhaustiva por el Tribunal de Cuentas.