Rajoy y Puigdemont suavizan la escalada de recursos al Tribunal Constitucional

En el fragor de la batalla de recursos al Tribunal Constitucional, el Gobierno central y la Generalitat han pactado una pequeña tregua poco antes de que se reúnan los vicepresidentes Oriol Junqueras y Soraya Sáenz de Santamaría. La comisión bilateral Estado-Generalitat llegó el lunes a un acuerdo en cinco temas que el Ejecutivo central amenazaba con llevar al TC para evitar las impugnaciones. Entre los asuntos pactados figuran el nuevo Institut Català de Finances (ICF), el sistema de protección a la infancia y la simplificación de la actividad administrativa de la Generalitat.El acuerdo lo ha desvelado este miércoles el coordinador del PP catalán, Xavier García Albiol, un día antes de la cita entre Junqueras y Sáenz de Santamaría, agendada después de que los presidentes Mariano Rajoy y Carles Puigdemont retomasen el diálogo en aquellas cuestiones que no afectasen al proceso independentistas. La Generalitat había modificado el ICF en julio del año pasado para adaptarlo a la legislación europea, pero el Ministerio de Hacienda interpretó que, además de que el Ejecutivo catalán no tenía competencias en este ámbito, ese cambio mutaba la naturaleza del organismo, convirtiéndolo en una entidad de crédito.Para Albiol, este acuerdo es una muestra de la buena predisposición del Gobierno en funciones y un argumento para que el vicepresidente catalán acuda al encuentro con Santamaría con actitud "positiva y constructiva". En la misma línea ha apuntado la propia vicepresidenta antes de reunirse con Albiol en el Senado. “La voluntad, por mi parte y por la del Gobierno, es de máxima colaboración dentro de los márgenes en los que podemos actuar, dentro de la Constitución y las leyes y también como Gobierno en funciones que somos en estos momentos”.Una visión que no comparte Junqueras, que se ha mostrado poco optimista la víspera de la reunión. "Lamentablemente, la experiencia nos enseña que toda la voluntad por nuestra parte no es suficiente para que las cuestiones se resuelvan favorablemente y nos enseña que hay que esperar pocas expectativas", ha asegurado el líder republicano, que ha recordado también el perjuicio que supone la judicialización permanente de la política catalana. "Esta batería de recursos empieza a ser inconmensurable y tiene consecuencias dramáticas sobre la vida diaria de los ciudadanos de Catalunya", ha advertido.OFENSIVA DE IMPUGNACIONES

En la reunión entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy se planteó intentar rebajar la judicialización de las relaciones entre la Moncloa y la Generalitat pero, tan solo dos días después, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciaba que recurrían tres leyes más: la que establece un impuesto a las viviendas vacías, debido a que este hecho ya se encuentra gravado; la de gobiernos locales y la de la igualdad entre hombres y mujeres, estas dos últimas por invasión de competencias. "Mensaje recibido", respondió entonces Neus Munté, portavoz del Govern, al interpretar que aquella buena voluntad expresada por el presidente del Gobierno en funciones quedaba en agua de borrajas.El veto permanente del Gobierno le ha llevado a presentar 32 recursos contra normas catalanas. Y no se trata solo de medidas legales para frenar iniciativas vinculadas al 'procés'. Desde que en el 2012 el Govern empezó su senda soberanista, Rajoy ha decidido denunciar todo tipo de actuaciones, desde la declaración de ruptura del Parlament hasta las leyes contra la pobreza energética y sobre horarios comerciales. La Generalitat también ha recurrido 49 actuaciones del Gobierno por invasión de competencias. El mismo lunes en el que la comisión bilateral llegaba a un acuerdo en estas cinco materias para evitar resolverlos en el Constitucional, el alto tribunal tumbaba la ley catalana que prohibía el 'fracking' y la que limitaba la implantación de centros comerciales de más de 800 metros, aunque también levantaba parcialmente el veto a la ley contra la pobreza energética del 2014.