Victoria Rosell vuelve a su despacho de jueza de las Palmas y el CGPJ investiga a su sustituto en esta plaza

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este jueves la reincorporación de Victoria Rosell a su juzgado de las Palmas y decidió investigar si el juez que la sustituyó, Salvador Alba, ha incurrido en una falta disciplinaria o incluso ha delinquido por haber pactado con un empresario investigado por la exdiputada de Podemos su declaración para enviar un informe al Tribunal Supremo que dio lugar a la admisión de una querella contra la magistrada por tres delitos.Rosell dispone de un plazo de 20 días para volver a su despacho tras su paso por el Congreso de los Diputados. La magistrada está siendo investigada por el Tribunal Supremo por un delito deprevaricación, cohecho y retraso malicioso desde el pasado 26 de abril cuando la sala penal admitió la querella presentada contra ella por el exministro de Industria José Manuel Soria.El alto tribunal acordó esta investigación tras recibir un informe de Alba en el que la acusaba de haber cometido irregularidades en la causa que seguía contra el presidente de UD las Palmas, el empresario Miguel Ángel Ramírez, que mantiene "relaciones económicas" con la pareja de la jueza, Carlos Soria.LA GRABACIÓNEse informe fue supuestamente amañado por Alba, según una grabación aportada por Ramírez en un juzgado de las Palmas. En la cinta, el juez prepara con el empresario su declaración en una reunión mantenida en el despacho del togado. En la conversación, el magistrado le explica cómo debe declarar y se compromete a cerrar la investigación abierta contra él por delito fiscal.Alba afirmó: "Y me lo cargo, antes de que tengas que ir ni a recurso, ni a una Audiencia". Ramírez no lo tenía muy claro y se interesó por la posición del fiscal, pero Alba le despejó sus dudas. "El fiscal se tendrá que joder".El promotor del la acción disciplinaria del CGPJ, Antonio Fonseca, decidió este jueves incorporar esta grabación a la denuncia presentada por Rosell contra Alba en la que le acusa de abuso de autoridad y revelaciones indebidas. El expediente busca determinar si el magistrado ha podido incurrir en una falta sancionada por el órgano judicial o incluso si su actuación es delictiva en cuyo caso remitiría sus conclusiones al fiscal.