POSIBLE DELITO DE COHECHO
Carlos Fabra, investigado por los patrocinios del aeropuerto de Castellón
La fiscalía observa indicios de responsabilidad penal y remite las pesquisas al juzgado
Francisco Camps y Carlos Fabra, durante la inauguración del aeropuerto de Castellón.-MIGUEL LORENZO
Carlos Fabra podría volver al banquillo de los acusados, ahora por un posible delito de cohecho. La sombra de los contratos que firmó para promocionar el polémico Aeropuerto de Castellón (Aerocas) se cierne sobre el tercer grado del que disfruta desde el pasado mes de abril, tras cumplir un año y medio de prisión de los cuatro a los que le condenaron por fraude fiscal.
La fiscalía ha remitido al juzgado de instrucción número de 3 de Castellón la denuncia contra el que fuera presidente de la Diputación de esta provincia y poderoso barón del Partido Popular por posibles irregularidades en esos patrocinios. Encuentra indicios de responsabilidad penal pero no se ha querido aclarar ni el delito que se le podría imputar, aunque todo apunta a cohecho, ni cuáles de todos esos acuerdos están bajo sospecha. Y no hay pocos. El Villarreal, el Castellón, el Playas de Castellón de fútbol sala y el de atletismo, el piloto de F-1 Roberto Merhi y el de motos Álex Debón, entre otros, lucieron el logotipo de esta cuestionada instalación. Hasta el 2010, cuando aún faltaban cinco años para que llegara su primer vuelo comercial, el Aeropuerto de Castellón se gastó 26 millones de euros en promocionarse en las camisetas de clubes deportivos y atletas de la provincia. El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, informó en abril de la apertura de esta investigación tras la denuncia de un organismo oficial. PRÉSTAMO PERSONAL DE 368.000 EUROSEl anuncio llegó justo después de una sentencia que condenaba a Fabra a pagar 368.000 euros a Debón. Él y su escudería recibieron de Aerocas 3,6 millones en tres años y acabado ese acuerdo, el piloto abonó a Fabra en cuatro entregas una cantidad muy cercana al 10% del montante total del patrocinio. Ambos coincidieron en que se trataba de un préstamo personal y que Debón reclamó su cobro judicialmente al no haberlo satisfecho el político en su momento. La decisión ahora de la fiscalía coincide con los intentos de Fabra de cambiar el régimen de semilibertad del que ahora disfruta en el centro penitenciario Victoria Kent de Madrid por otro de libertad condicional con una pulsera de localización.