'Los ayuntamientos del cambio' reclaman 2.000 millones más en el Plan Nacional de Vivienda 2018-2021
Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago de Compostela, A Coruña, Valencia y Zaragoza han propuesto este aumento
Grúas para la construcción de viviendas en Barcelona.-/ JOSEP GARCIA
Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago de Compostela, A Coruña, Valencia y Zaragoza han reclamado este lunes que se dote al Plan Nacional de Vivienda de 2.000 millones de euros más para 2018 y que, así, se equipare la inversión con el resto de países europeos.Los concejales responsables de Vivienda de estos ayuntamientos, denominados del cambio, se han reunido hoy con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, para exigir una mayor inversión en el Plan Nacional de Vivienda y denunciar los recortes en este ámbito que, según ellos, harán que en cinco años las políticas públicas de vivienda desaparezcan.
En declaraciones a los medios en el Ministerio de Fomento, en Madrid, Gómez-Pomar ha subrayado el "alto contenido social" que tiene el Plan de Vivienda y el "dilatado" proceso para recoger sugerencias y propuestas que se ha hecho desde diciembre de 2016.Sobre la demanda de 2.000 millones de euros de los ayuntamientos para este plan, Gómez-Pomar ha explicado que todavía no hay una cifra cerrada y que habrá que esperar al Presupuesto General del Estado de 2018 para tenerla.Competencia autonómica
En este sentido, ha recordado que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas y que el Estado se limita a apoyarlas a través del Plan de Vivienda.Los consistorios también han pedido al Ejecutivo que el gasto en vivienda se sitúe en el 1,5% del PIB en un plazo de 10 años, lo que permitiría, a su juicio, que España se equiparase al resto de Europa. A este respecto, han reprochado al Gobierno el escaso parque público de alquiler y que España sólo tenga el 2,5% de vivienda de asequible, mientras que en Austria o Reino Unido se sitúa en el 24% y el 17%, respectivamente.También han propuesto a Gómez-Pomar cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para alargar la duración mínima de los contratos de 3 a 5 años y que, así, se evite el aumento indiscriminado de los precios.