Santamaría: "Quienes no valoraron modificar la Constitución fueron los acusados"

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz Santamaría se mostró categórica durante toda su declaración ante el tribunal del 'procés', pero ante la insistencia de la defensa en cuestionar la labor del ejecutivo del que formaba parte se permitió pasar a la ofensiva y elevar el tono: "La primera obligación de todo gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes y respetar la Constitución. Quienes no valoraron que había que ir por una modificación de la Constitución son los que están sentados en el banquillo", dijo en referencia al Govern del huido Carles Puigdemont.La declaración había empezado con los mensajes que ella tenía previsto lanzar, hasta que se vio descolocada por el interrogatorio que le realizó Javier Melero, abogado del 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, en relación con el operativo policial del 1-O, lo que llevó al letrado a advertirle sobre la posibilidad de ser declarado testigo renuente. Pero para entonces ya había podido decir que nunca habló de un referéndum pactado con la Generalitat y por qué y cuándo se decidió utilizar por primera vez el artículo 155 de la Constitución. Señaló que se adoptó cuando se logró "un acuerdo político suficiente", porque para unos debía haberse aplicado en 2014 y otros nunca, y se hizo porque, a diferencia de lo afirmado por todos los acusados, nunca creyeron que la declaración unilateral de independencia fuera "meramente simbólica".La tercera explicación partió de por qué no se había aplicado el estado de sitio o de exceptción: para "intentar preservar la convivencia ciudadana en Cataluña" y "ojalá la Generalitat lo hubiera hecho", aseguró. Dijo que no saber si se había publicado o no la DUI, lo que llevó a otro rifirrafe con la defensa, en este caso de la defensa de Carme Forcadell, en el que se mantuvo en que, a requerimiento del expresidente del Gobierno, Puigdemont podía haber dicho que había declarado la independencia "y no lo hizo".TRES RESPUESTASSáenz de Santamaría fue la primera testigo a la que preguntó el secretario general del Vox, Javier Ortega, y no el vicesecretario de asuntos jurídicos, Pedro Fernández, y quienes pensaran que la acusación la utilizaría con fines electoralistas tuvo la oportunidad de comprobar que se equivocaba. No hubo margen, aunque fue a él a quien respondió que no trató sobre "el 1-O con ningún miembro de la Generalitat". A partir de ahí desgranó las tres reuniones que mantuvo con el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras "nunca quiso entrar" en el referéndum que proponía el representante de la Generalitat, al entender que "no es un asunto que dependa del Gobierno, sino que el propietario es el pueblo soberano".Fueron en abril de 2016, en julio y en enero de 2017. En la primera abordó las peticiones del Govern, entre las que estaba el referéndum, pero ya dijo que no quiso entrar, por residir la soberanía nacional en el pueblo español. En la de julio trataron la "difícil situación financiera de la Generalitat, que estaba en una situación muy dramática en cuanto a la financiación", porque su "preocupación era sufragar servicios públicos".En la siguiente, según la testigo, su interlocutor no quiso ahondar en los 45 asuntos que proponía Cataluña más allá de la relativa al referéndum, aspecto en el que no podía haber ni "diálogo ni entendimiento", porque "ningún gobierno puede disponer de la soberanía nacional, porque no le corresponde” y “si eso se quiere hacer es reformando la Constitución” y Junqueras "nunca" le planteó esa posibilidad. En este sentido, dijo que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  le envió una carta al catalán, Carles Puigdemont, para que defendiera que su actuación se hiciera por cauces legales en el Congreso, pero “no vino”, porque "no estaba dispuesto someterse a una votación".VIOLENCIAA la pregunta de si hubo violencia hasta la declaración de independencia, la exdirigente del PP aseguró que "prácticamente" ante que cualquier actuación judicial como registros y arrestos "se producían aglomeraciones con imágenes violentas", en clara referencia a la protesta del 20 de septiembre ante Economía. Cuando la defensa le preguntó por las actuaciones musicales, dijo que "no estaba muy pendiente de la música precisamente". Previsamente ya había explicado que era "una situación muy dura vivir así y les dijimos públicamente una y otra vez que no siguieran por ahí, que era contrario a la Constitución, que fracturara la convivencia y que la tensión era intolerable”, aseguró.A preguntas de la defensa se entró de lleno en las cargas policiales del 1-O. En este sentido, recordó que "la actuación de las fuerzas de seguridad era por orden judicial, por la prohibición del Tribunal Constitucional de celebrar un acto abiertamente ilegal” y negó conocer el dispositivo policial. Y aseguró que la Guardia Civil y la Policía evitaron "circunstancias mucho más grave” como consecuencia de la “irresponsabilidad de la Generalitat”. "Si no se hubiera convocado a la gente para que actuaran como muralla, igual alguna de las imágenes no se hubieran producido", aseguró. “Un gobierno democrático debe respetar la libertad de expresión e ideológica y lo que tiene que garantizar es el incumplimiento la ley. Lo que no se puede es incumplir ley, ni incumplir las decisiones judiciales o inculcar acciones de violencia. Por mi experiencia como vicepresidenta del Gobierno a nadie le hemos tenido que explicar que España es una democracia desde 1978", señaló. Más tarde dijo que le constaba cómo los dirigentes independentistas intentaron "confundir a la opinión pública internacional con imágenes falsas".Ante la preguntas sobre el 1-O de la defensa de Junqueras, la vicepresidenta afirmó: "No tengo competencia para decidir cuántos agentes son necesarios para diseñar un operativo policial". Y no le dejó llamar a la consulta "referendum". "Cuando una actuación de esa naturaleza se hace incumpliendo la ley usted puede llamarlo como quiera, jurídicamente no lo es", reiteró.En cuanto a si hubo desproporción en la actuación de los agentes el 1-O, jornada que se siguió en Moncloa a través de los informes que facilitaba la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, la exvicepresidenta también se mantuvo firme: "Siempre me han parecido muy medidos y proporcionales en sus actuaciones". No obstante, explicó que se movilizó a los ciudadanos para que acudieron "con tiempo a los colegios electorales" y vio "murallas humanas" que "impedían que se cumpliera una decisión judicial".Cuando el letrado le preguntaba sobre el número de agentes heridos, Sáenz de Santamaría aprovechó para referirse a lo sufrido por agentes hospedados en hoteles catalanes. "Yo sé lo que es un escrache y lo que se vivió en Cataluña muchas veces no fue un escrache fue un acoso violento", sostuvo. TESTIGO RENUENTEEl que sí logró ir más allá fue el abogado del 'exconseller' Joaquim Forn, Javier Melero, quien incluso pidió al presidente del tribunal que le advirtiera ante el riesgo de ser "testigo renuente", ante su negativa a contestar en relación con el dispositivo policial del 1-O. El letrado le preguntó que "si no confía en los Mossos d’Esquadra, qué iban a hacer esos 6.000 pobres policías y guardias civiles" enviados a Barcelona para cerrar 2.339 colegios, a lo que la exvicepresidenta contestó que "cumplir una decisión judicial".El letrado de Junqueras, Jordi Pina, hizo hincapié en cuándo se había decidido enviar a esos agentes, cuando el atraque del barco de Piolín se pidió el 19 de septiembre, la víspera de las protestas frente a la Conselleria d'Econòmia. Después de un pequeño rifirrafe entre ambos, en el que el abogado le dijo que "esto es un juicio y usted hace de política", la testigo dijo que la labor de un Gobierno es "anticiparse para prever lo escenarios" que se puedan producir.Y se volvió a la violencia. "La televisión que usted ve no es la que veo yo", le dijo Pina. Ella acababa de mencionar el centenar de agentes lesionados y cuantificó en tres o cuatro los ciudadanos que resultaron heridos. A continuación explicó: "En cualquier intervención policial se producen imágenes que a ninguno nos gustaría ver; intentaron hacerlo con la máxima profesionalidad." De ahí se pasó a las encuestas sobre si el 80% de la población catalana quiere la independencia, a lo que la exvicepresidenta dijo que en este país se hacen muchas encuentas. Pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, decidió cortarlo: "Está usted haciendo un reproche sobre los términos del debate político. Esto es un proceso penal y se enjuician unos hechos y está pidiendo percepciones sobre los hechos. No tiene ningún sentido y usted lo sabe perfectamente.