El PSOE de Madrid se opone a la "privatización" del Servicio de Orientación Jurídica

El Grupo Municipal Socialista se ha mostrado "en contra" de la "privatización" del Servicio de Orientación Jurídica y ha augurado que esto afectará a "los más necesitados", ya que se presta en casos de divorcios, desahucios o problemas laborales.Así lo ha asegurado este miércoles a los medios de comunicación la portavoz adjunta del grupo municipal, Mercedes González, que ha asistido a la concentración de los letrados frente al Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, para pedir que no se saque a concurso este servicio y se siga prestando desde el ámbito municipal junto al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)."Yo creo que el coste no es lo importante, a lo mejor nos encontramos con que el destinatario de este concurso es el importante", ha apuntado la portavoz, a lo que ha añadido que se va a producir una "privatización" de este servicio, que se lleva ofreciendo desde el Consistorio desde la época de Tierno Galván.Este miércoles a las 9 horas ha tenido lugar la apertura de la oferta pública para sacar a concurso el servicio, una decisión que partió del anterior Gobierno municipal y que está impugnada en los tribunales por el ICAM. En este sentido, González ha señalado que están "completamente en contra" y que creen en "la gratuidad de la justicia" en un servicio que se ofrece a 800 madrileños en cada distrito y casi 9.000 personas en total, ha informado.Además, ha afirmado que la exalcaldesa Manuela Carmena ya lo quería privatizar y que el nuevo gobierno municipal ha mantenido este criterio y ha afirmado que el coste "no es lo importante", ya que hasta el momento se ha prestado a través de un convenio y ha funcionado "perfectamente".ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITAPor otro lado, la diputada autonómica y secretaria de justicia del PSOE de Madrid, Macarena Elvira, ha señalado que los socialistas regionales están en contra también de este proceso y ha considerado que forma parte de lo que define la ley como "asistencia jurídica gratuita", que se debe gestionar mediante colegios profesionales."Un concurso administrativo de contratación supone una merma de la garantía y de la calidad del servicio porque afecta a colectivos muy vulnerables", ha indicado, a lo que ha añadido que los abogados que lo prestan realizan una serie de pruebas que garantizan su objetividad y profesionalidad. Además, ha afirmado que "solo puede haber un ventaja de precio", si se presta el servicio mediante concurso.En este sentido, se ha expresado la vicepresidenta de la asociación de letrados por un turno de oficio digno, Virginia de la Cruz, que ha destacado que a los profesionales encargados se le requieren unas condiciones de especialización, algo que "desaparece" si se produce la externalización."Este servicio lo va a prestar una empresa que va a ser elegida por el Ayuntamiento y evidentemente no va a tener las condiciones de esa imparcialidad que ha tenido el colegio", ha apuntado, a la vez que ha asegurado que se van a primar las condiciones económicas por las que se licita.SUSPENSIÓN EN SEPTIEMBREEn cuanto a los puestos de trabajo actuales, la vicepresidenta ha explicado que no saben si los letrados seguirán o no ya que a partir de septiembre se suspende el servicio, aunque ya tenían citas convocadas. Asimismo, ha mantenido que han intentado ponerse en contacto con el alcalde, José Luis Martínez Almeida, mediante carta pero que "no ha contestado".Por último, las letradas que han asistido a la concentración han señalado que trabajan 37 profesionales en el servicio y que puedan atender de 12 a 14 personas, según las urgencias que se desarrollen.