La sentencia de los ERE se hará pública el próximo martes 19 de noviembre

La Audiencia de Sevilla hará pública el próximo martes 19 de noviembre la sentencia por la denominada pieza política de los ERE, que sienta en el banquillo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 19 ex altos cargos del ejecutivo regional. El tribunal ha dictado una providencia en la que ha acordado citar a acusados y procuradores de todas las partes personadas en la causa a partir de las 12 horas.La pieza política de los ERE, la primera en llegar a los tribunales de las casi 200 en las que se dividió esta macrocausa, supuso un cuestionamiento a las políticas socialistas de empleo durante más de una década, ya que dejaron entrever que las ayudas públicas sirvieron para acallar los conflictos laborales de un periodo convulso y de paso, afianzar al PSOE en el poder. De hecho, aunque desde el primer momento quedó descartado cualquier posible enriquecimiento ilícito de los dirigentes andaluces socialistas o el partido, el PP ha usado este caso como ariete contra los socialistas y han reclamado en numerosas ocasiones al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que dimita si Chaves o Griñán eran condenados, al igual que éste hizo con Mariano Rajoy al exigirle su marcha por el caso Gürtel.El juicio, que se prolongó durante un año, quedó visto para sentencia hace exactamente once meses, el 17 de diciembre de 2018. En su escrito final, la Fiscalía Anticorrupción atribuyó a todos los encausados un delito continuado de prevaricación, por el que pide 10 años de inhabilitación. Además, para 15 de los acusados, entre ellos Griñán y las cúpulas de las consejerías de Empleo y Hacienda, añade un delito de malversación con penas de entre 6 y 8 años de prisión. Les hacía responsables así de haber puesto en marcha de forma deliberada un procedimiento específico para agilizar la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que, sin embargo, se regía por su arbitrariedad y opacidad.Ese procedimiento se basó en las transferencias de financiación, mecanismo usado en las empresas públicas para financiar operaciones genéricas pero no para el pago de subvenciones especiales. Este uso inadecuado, al margen de cualquier fiscalización previa, permitió por ejemplo la aparición de personas ajenas a las empresas que acometían las regulaciones de plantilla, los conocidos como intrusos, o que muchas de las ayudas se dieran sin montar siquiera un expediente, a proyectos que nunca se llevaban a cabo o iniciativas encabezadas por dirigentes afines al PSOE. Llamativa resultó también la lluvia de millones con el que se vieron beneficiadas empresas de la comarca de origen del entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero.Anticorrupción insistió durante el juicio en que ninguno de los altos cargos adoptó decisión alguna en el ejercicio de sus funciones para poner freno a ese procedimiento pese a los avisos de la Intervención General de la Junta alertando de las deficiencias e irregularidades en el pago de las ayudas. Pese a ello, reprochó la Fiscalía en su escrito de acusación, siguieron engordando año tras año la partida presupuestaria de Empleo de donde salían las subvenciones sociolaborales o incluso añadiendo modificaciones presupuestarias.En su declaración, los ex altos cargos se escudaron en que en ningún momento las alertas de la Intervención general de la Junta, cuyo responsable también se sienta en el banquillo, apuntaban a un posible menoscabo de fondos públicos, de ahí esa inacción. Y que además, el sistema fue aprobado en cada ejercicio por el Parlamento regional, por lo que la partida, que Guerrero llegó a denominar fondo de reptiles, era transparente y conocida por todos.