Caso ERE: Chaves y Griñán conocerán la sentencia este martes

Los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de otros 19 ex altos cargos de su administración, conocerán por fin este martes si son o no condenados por el caso de los ERE fraudulentos. A las 12 horas están citados en la Audiencia de Sevilla para conocer un fallo que superará los 1.700 folios y pondrá fin, en parte, a una investigación que se remonta a finales de 2010. Fuentes judiciales explican que se han extremado las precauciones al máximo para evitar filtraciones y que el fallo no se conociera de forma extraoficial, por lo que el documento solo está de momento en manos del presidente de la sala, el magistrado Juan Antonio Lacalle.La denominada pieza política de los ERE, la primera de las 187 en las que se troceó la macrocausa de corrupción andaluza, supuso en la práctica un cuestionamiento a las políticas socialistas en Empleo en Andalucía durante más de una década, ya que dejaron entrever, como apuntó la acusación popular que ejerció el PP, que las ayudas públicas sirvieron para acallar los conflictos laborales de un periodo convulso y de paso, afianzar al PSOE en el poder. Eso si, pese a las críticas del PP y sus intentos por equiparlo al caso Gürtel, desde el primer momento quedó descartado que los políticos se hubieran enriquecido a título personal o que hubiera financiación ilegal del PSOE. El juicio, que se prolongó durante un año, quedó visto para sentencia hace exactamente once meses, el 17 de diciembre de 2018.En su escrito final, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo su teoría de que la cúpula socialista articuló a propósito un sistema inadecuado y sin fiscalización para poder conceder ayudas sociolaborales y a ayudas directas a empresas en crisis de forma arbitraria y opaca. Así, atribuyó a todos los encausados un delito continuado de prevaricación, por el que pidió entre 10 y 30 años de inhabilitación. Además, para 15 de los acusados, entre ellos Griñán y las cúpulas de las consejerías de Empleo y Hacienda, añadió un delito de malversación con penas de entre 6 y 8 años de prisión.Ese procedimiento se basó en las transferencias de financiación, mecanismo usado en las empresas públicas para financiar operaciones genéricas y que, como señalaron durante la vista oral los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), se usó de forma "indebida" e incluso "ilegal" por cuanto no se ajustó a la ley. Este uso inadecuado, al margen de cualquier fiscalización previa, permitió por ejemplo la aparición de personas ajenas a las empresas que acometían las regulaciones de plantilla, los conocidos como intrusos, o que muchas de las ayudas se dieran sin montar siquiera un expediente, a proyectos que nunca se llevaban a cabo o iniciativas encabezadas por dirigentes afines al PSOE. Llamativa resultó también la lluvia de millones con el que se vieron beneficiadas empresas de la comarca de origen del entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero.NO PUSIERON FRENOAnticorrupción insistió durante el proceso en que ninguno de los altos cargos adoptó decisión alguna en el ejercicio de sus funciones para poner freno a ese procedimiento pese a los avisos de la Intervención General de la Junta alertando de las deficiencias e irregularidades en el pago de las ayudas. Al contrario, reprochó la Fiscalía en su escrito de acusación, siguieron engordando año tras año la partida presupuestaria de Empleo de donde salían las subvenciones sociolaborales o incluso añadiendo modificaciones presupuestarias.En su declaración, los ex altos cargos se escudaron en que en ningún momento las alertas de la Intervención general de la Junta, cuyo responsable también se sienta en el banquillo, apuntaban a un posible menoscabo de fondos públicos, de ahí esa inacción. Y que además, el sistema fue aprobado en cada ejercicio por el Parlamento regional, por lo que la partida, que Guerrero llegó a denominar fondo de reptiles, era transparente y conocida por todos. Guerrero matizó esta denominación en su escrito final, rechazando la expresión, e incluso el exinterventor general reconoció que tras toda la información conocida desde que estalló el escándalo, "con los ojos de hoy" no se podría hablar de sistema irregular. No opinan igual los peritos de la IGAE, que mantienen la ilegalidad y concluyeron que nunca habían visto "tal cúmulo de irregularidades".