Chaves se defiende: nunca recibió "advertencias de ilegalidad" sobre los ERE

Manuel Chaves, quien fuera todopoderoso presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años y uno de los barones más relevantes del PSOE, se revolvió este viernes contra la sentencia que le condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en relación a las ayudas sociolaborales que durante una década pagó la Junta de Andalucía. Pese a lo que manifiesta la sentencia, que considera esas ayudas ilegales por cuanto el sistema con el que se concedieron era ilegal, Chaves insistió en que el consejo de Gobierno de la Junta nunca recibió advertencias de la Intervención General acerca de que se saltaran la norma, por lo que deduce que quien tenía que fiscalizaras no apreció esa ilegalidad. Tras reducir las irregularidades a abusos en la tramitación administrativa, reprochó que el juicio de los ERE se haya visto condicionado por un clima de presunción de culpabilidad que se generó desde la misma instrucción de la jueza Mercedes Alaya y que se ha mantenido en el tiempo con presiones políticas, mediáticas y sociales.Respeto la sentencia pero no puedo compartirla, dijo este viernes en una entrevista en la Cadena Ser, manifestando su confianza en que el Tribunal Supremo, donde recurrirá, haga justicia. En el juicio, Chaves mantuvo siempre esa misma tesis: el Consejo de Gobierno tomaba decisiones políticas sobre dar ayudas, pero no conocía ni tenía por qué conocer el detalle de cómo se tramitaban esas ayudas. Y en cualquier caso, en el Consejo de Gobierno todas las decisiones se adoptaban con todos los trámites y controles necesarios. Si acaso concedió que hubo informes en otros niveles de la administración, como la consejería de Hacienda, en el que de nuevo nunca se tuvo conocimiento ni de ilegalidad ni de menoscabo de fondos públicos, solo se les informó de que el procedimiento era inadecuado. No opina así la Audiencia de Sevilla, que no sólo condena al expresidente Chaves y a quien fuera su responsable de Hacienda José Antonio Griñán (sobre quien pesan seis años de cárcel), sino que además ha absuelto de todos los cargos a quien fuera el interventor que realizó esas advertencias, Manuel Gómez."UN ACTO POLÍTICO, NO ADMINISTRATIVO"Los socialistas se aferran a que el Tribunal Supremo rebaje considerablemente las sentencias con el argumento, expresado ya por algunos juristas, de que esas ayudas iban incluidas en los Presupuestos de la Junta, que tienen rango de ley, y por tanto no pueden ser ilegales. Lo que hace el Gobierno es un acto político, no administrativo, y lo que le da trascendencia a ese acto es la aprobación por el Parlamento, explicó, esas partidas que sostenían las ayudas sociolaborales estaban incluidas en la Ley de Presupuestos, y una ley por propia definición no puede ser ilegal. A mí me sorprende que durante 10 años, 10 presupuestos, cientos y cientos diputados de todos los partidos que incluso hicieron enmiendas para aumentar esas partidas ¿nadie se dio cuenta y nadie advirtió de la ilegalidad de esas transferencias? Me parece raro.Chaves quiso dejar claro no obstante que no hemos robado el dinero de los trabajadores parados, todo lo contrario, el dinero de esas partidas ha ido a los desempleados. El sistema de ayudas, dijo, se estableció para proteger a los empleados que quedaban en paro por la crisis. Según los datos que ofreció, el 90% de los 680 millones que según la Fiscalía se malversaron entre 2001 y 2009, lo están cobrando más de 6.400 parados que, como reconoció el propio ejecutivo andaluz esta semana, lo seguirán cobrando hasta 2025. Y es que, recordó, solo 71 de los trabajadores fueron intrusos que se colaron en los expedientes de regulación de plantilla de forma ilegal. Por eso, el expresidente señaló que si se cometieron abusos en la ejecución administrativa, la justicia caiga a peso sobre los que han cometido una ilegalidad."GENTE SOCIALISTA EN LA JUNTA, NO EL PSOE"En la entrevista, el expresidente sí admitió que seguramente, se equivocó al elegir personas y al vigilar, pero ya asumí mi responsabilidad. Aunque tanto él como Griñán dejaron la política y el PSOE poco antes de ser procesados, quiso dejar claro que en ninguna línea" de la sentencia se habla de que algún miembro del partido se haya enriquecido, ni que se haya financiado la formación o alguna campaña electoral, ni que hay una red clientelar de los socialistas. Preguntado por la reacción de la cúpula socialista tras conocer la sentencia, desmarcando lo sucedido de la etapa actual del partido, concedió que ha sido un caso de gente socialista o de miembros socialistas que han estado en la Junta, y que aunque a algunos no les guste, muchos ciudadanos identifican este caso con el PSOE. Es posible que en política uno quiera desvincularse de aquellos asuntos que pueden molestar política o electoralmente, lo respeto, indicó, agradeciendo en cualquier caso que por lo menos se haya defendido mi honestidad y la de Pepe Griñán.